La medida responde a la necesidad de proteger a la ciudadanía y a la economía nacional
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ordenó a la Policía ejecutar un operativo para desbloquear las carreteras tomadas por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes mantienen interrumpido el tránsito en distintas regiones del país, en demanda de que se habilite la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales de agosto.
Desde la Casa de Gobierno en La Paz, Arce explicó que la medida responde a la necesidad de proteger a la ciudadanía y a la economía nacional, ya que los bloqueos, en la vía que conecta la región central de Cochabamba con el occidente boliviano, están afectando directamente el bolsillo de la población.
“He instruido a nuestra Policía Boliviana un operativo para desbloquear las carreteras tomadas por grupos que, lejos de reivindicar causas legítimas, están promoviendo acciones vandálicas con el objetivo de derrocar al gobierno e imponer una candidatura inconstitucional, afirmó Arce.
El mandatario calificó los bloqueos como parte de un intento de desestabilización política, y criticó a Evo Morales por lo que considera un intento de forzar su postulación, a pesar de los impedimentos legales existentes.
Morales, por su parte, respondió advirtiendo que el desbloqueo policial generará una mayor rebelión y mayor sublevación ante el gobierno.
El expresidente, que mantiene una fuerte base de apoyo en sectores del movimiento cocalero y del Movimiento al Socialismo (MAS), ha intensificado su campaña para ser incluido en la contienda electoral, pese a cuestionamientos desde el propio oficialismo.
El conflicto evidencia la fractura interna en el MAS, partido que llevó a ambos líderes al poder en distintos periodos, y que ahora enfrenta una profunda división entre el ala leal a Morales y la que respalda al actual presidente Arce.
Mientras tanto, el país enfrenta una creciente tensión social, con bloqueos que han generado escasez de productos, dificultades en el transporte y un clima de incertidumbre de cara al proceso electoral de agosto.
La decisión del gobierno de intervenir los puntos de protesta marca un nuevo capítulo en la crisis política que sacude a Bolivia.