Los gremios condenan represión de las fuerzas de “seguridad” en las pasadas protestas y piden investigación exhaustiva
La Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena y la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), exigen que se haga una “investigación exhaustiva, transparente e independiente” del “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de “estamentos de seguridad” durante las recientes protestas en Bocas del Toro, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé y Darién.
Los gremios expresaron su condena y repudio por lo que denominaron “represión inmisericorde contra gente indefensa”.
Conocemos testimonios creíbles de trato injusto e inhumano, de torturas, heridos de bala, vejaciones, robos, ataques a comunidades, sobre todo contra nuestros hermanos indígenas, incluso se habla de muertos y desaparecidos. Lo dice el informe de la Defensoría”, destaca COONAPIP en un comunicado.
Señalan que los hechos se dieron en Arimae (Darién), Changuinola (Bocas del Toro) y también en el área de Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé.
La COONAPIP señala al ministro de Seguridad Frank Ábrego y al jefe de la policía, Jaime Fernández, como directamente responsables y cuestionan “¿por qué no han renunciado?”
Además, los miembros de la coordinadora reiteraron que se oponen “de todas las formas posibles” a la reapertura de la mina, así como al embalse en la zona de Río Indio, porque consideran que causaría un daño profundo para la gente del área.
En el comunicado, también destacan su oposición a la Ley 462 y desmienten que los indígenas no paguen seguro. “¡Falso! los miles de indígenas que trabajan en bananeras, fincas cañeras, fincas de Tierras Altas, agencias de seguridad, restaurantes, incluso en la policía, los que son profesionales (docentes, ingenieros, médicos, …), ¿no pagan seguro?”. Reiteran que la ley hay que discutirla.
En el documento, los gremios indígenas mostraron igualmente preocupación con relación a la soberanía panameña por el reciente Memorando de Entendimiento firmado en el país con Estados Unidos.