Sancionarán con prisión al que difunda, utilizando tecnologías, contenido íntimo sin el consentimiento de la persona
Por insistencia en tercer debate, con 51 votos a favor y cero en contra, el pleno del Legislativo aprobó este lunes el artículo 3 del proyecto de ley sobre violencia sexual digital”, informó la Asamblea Nacional (AN).
Explica que la iniciativa incluye sanción de tres a seis años de prisión a todo aquel que difunda, produzca o comercialice contenido íntimo, sexual o de desnudez ,sin el consentimiento de la persona, utilizando tecnologías de la información y la comunicación, de forma real o simulado.
Añade que el proyecto de ley impulsado por la diputada del circuito 8-2 de San Miguelito, Yarelis Rodríguez, introduce medidas contundentes contra la ciberdelincuencia, con un enfoque particular en la violencia sexual digital.
La ley establece además que se aumentarán las penas considerablemente en casos agravados, como cuando el agresor tiene una relación afectiva con la víctima, actúa con fines de lucro, por placer, codicia u odio, o cuando la víctima es una persona con discapacidad, adulta mayor o se encuentra en estado de inconsciencia.
Además, se sancionará el uso de cuentas falsas y la obtención indebida de dicho contenido.
“A quienes han visto su intimidad violentada y su confianza traicionada a través de una pantalla, quiero decirles: las escuchamos, las creemos y estamos aquí para protegerlas”, enfatizó la diputada Rodríguez quien además manifestó su empatía por el dolor y la humillación que estas acciones causan a las víctimas.
“Entendemos el miedo, la rabia y la sensación de vulnerabilidad que dejan. Por demasiado tiempo, la impunidad ha sido un refugio para los agresores, y el entorno digital, un campo de batalla para la intimidad. Pero hoy, eso empieza a cambiar”, señaló Rodríguez.
La diputada destacó que las tipificaciones contenidas en este proyecto de ley se basan en normativas aprobadas en México, Estados Unidos y Argentina, Estadas Unidos y México, lo que demuestra la voluntad de Panamá de adoptar las mejores prácticas internacionales en la lucha contra toda forma ciberdelincuencia.