Exigen el respeto a sus derechos fundamentales, especialmente el acceso a la educación
Tres instituciones del Estado panameño alzaron su voz este lunes para advertir que la utilización de estudiantes en actividades políticas y manifestaciones es ilegal y conlleva consecuencias legales, así lo señalaron en un pronunciamiento el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la Defensoría del Pueblo, informó el noticiero de TVN.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, fue enfática al denunciar la participación de menores de edad, incluso de 17 años o menos, en protestas organizadas en el contexto del actual paro docente. “Utilizar a los estudiantes de esta manera es ilegal y tiene consecuencias”, advirtió.
Molinar se refirió especialmente a un caso que generó amplia indignación, donde en un video se muestra a un niño con discapacidad leyendo una proclama en una manifestación.
“Esto lo hace aún más grave. Los estudiantes están siendo usados como escudos para mantener viva una huelga”, criticó.
Además, denunció que padres de familia han reportado situaciones preocupantes. “Recibimos una llamada de un centro educativo donde una madre contó que a su hija le dijeron que no podía salirse de la marcha porque iban a ‘poner uno’ en su lugar”, detalló Molinar.
La ministra de Educación adelantó que se abrirán investigaciones y que el MEDUCA tiene la obligación de interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales.
“No se puede usar al estudiante como escudo para causas particulares. Queremos hacer un llamado a respetar el debido proceso. Por la fuerza no se gana la razón”, sentenció.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, expresó su preocupación por la manipulación de menores en protestas. “Vimos imágenes de niños leyendo discursos sin tener claridad sobre lo que estaban diciendo. Ya ocurrió algo similar con el tema de la mina, donde hijos de trabajadores fueron víctimas de acoso escolar”, recordó.
La directora de la SENNIAF, Ana Fábrega, explicó que las tres entidades comparten la misión de garantizar los derechos de la niñez. Citando la Ley 285 del 2022, subrayó que los padres tienen la obligación legal de enviar a sus hijos al centro educativo, y que “impulsar el cierre de escuelas o impedir el acceso es una manera de vulnerar ese derecho”.
“El derecho a la educación es irrenunciable. Privar a los niños de este derecho acarrea consecuencias”, enfatizó. Además, recordó que los docentes y directores tienen la responsabilidad de solicitar medidas de protección si detectan situaciones que pongan en riesgo a sus estudiantes.
Las tres autoridades coincidieron en rechazar rotundamente el uso de menores como herramientas de presión política o sindical. Advirtieron que tomarán medidas concretas para garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sean expuestos a situaciones que vulneren su integridad física, emocional o su proceso educativo.