Diputado Ulate presenta anteproyecto que busca proteger a poblaciones vulnerables durante operativos de control de multitudes
Una nueva iniciativa legislativa presentada en la Asamblea Nacional busca establecer restricciones claras sobre el uso de agentes químicos no letales, como gases lacrimógenos y municiones de control de multitudes, en el marco de protestas o disturbios, informó TVN Noticias.
El anteproyecto de ley, propuesto por el diputado Lenin Ulate, busca prohibir su aplicación en las inmediaciones de hospitales, escuelas, iglesias, zonas residenciales y lugares donde haya adultos mayores, menores o personas con discapacidad.
“El propósito es crear un marco jurídico que establezca lineamientos claros sobre cómo y dónde se pueden utilizar estos agentes. No buscamos entorpecer el trabajo de los cuerpos de seguridad, sino evitar malas interpretaciones, abusos y denuncias”, explicó Ulate.
La propuesta aún está pendiente de asignación a una comisión legislativa para su discusión, y según Ulate, uno de los pilares de la iniciativa es garantizar la transparencia en el uso de estos agentes y asegurar el respeto a los derechos humanos durante los operativos.
El diputado insistió en que la medida no busca limitar la labor de las fuerzas del orden, sino establecer parámetros responsables y legales que salvaguarden la integridad de la población civil.
“Estamos tratando de regular, no de intervenir en la operatividad policial, queremos proteger a los ciudadanos y que el uso de estos recursos se dé bajo criterios responsables y respetuosos de la ley”, añadió el parlamentario.
Este debate se reaviva luego de la circulación en redes sociales de videos de manifestaciones recientes en zonas como la Vía Transístmica, donde el uso de gases lacrimógenos afectó a pacientes del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, lo que generó preocupación entre ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
En los últimos años, el uso de agentes químicos en protestas ha sido objeto de debate público debido a sus efectos colaterales sobre personas que no participan en disturbios, especialmente cuando se aplican en áreas densamente pobladas o cercanas a instalaciones sensibles.