Rechazó suspender los efectos de la resolución del Ministerio de Ambiente, reforzando el respaldo legal al proyecto logístico
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, negó por segunda ocasión la solicitud de suspensión provisional de la Resolución DEIA-IA-0003-2024 emitida por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), la cual avala el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú en David, provincia de Chiriquí.
Esta decisión reafirma la validez jurídica y técnica del EIA presentado, confirmando que el proceso cumplió de forma profesional, rigurosa y conforme a derecho con los requisitos establecidos por la legislación ambiental panameña.
El proyecto cuenta con el respaldo normativo de más de 12 instancias técnicas que participaron en la aprobación del EIA, así como con permisos emitidos por entidades clave como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), además de contar con el diseño técnico en desarrollo y permisos municipales en trámite.
Puerto Barú es una inversión 100% privada de capital estadunidense que forma parte del plan de impulso logístico para el occidente del país. Su objetivo es reducir costos logísticos para productores locales, facilitar exportaciones agroindustriales y generar empleos, especialmente en la provincia de Chiriquí.
Según los desarrolladores, se estima que el proyecto generará más de 2,450 empleos directos e indirectos, priorizando la contratación de mano de obra chiricana en colaboración con empresas locales, autoridades regionales y organizaciones comunitarias.
El proceso ha sido acompañado por más de 51 organizaciones comunitarias, académicas y productivas que han expresado su respaldo al desarrollo del proyecto, el cual representa una apuesta estratégica para el crecimiento económico de la región occidental del país.