Incluye duplicar los plazos de prescripción, castigar a funcionarios “botellas” y permitir auditorías internas
El Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley clave para fortalecer la lucha contra la corrupción en Panamá, centrados en endurecer las penas, agilizar los procesos judiciales y cerrar vacíos legales que han favorecido la impunidad en casos contra funcionarios públicos, informó TVN Noticias.
Entre las propuestas destaca el Proyecto de Ley General Anticorrupción, una ambiciosa iniciativa que introduce cambios estructurales en el modelo de persecución penal, permitiendo, por ejemplo, el uso de auditorías internas de entidades estatales como prueba válida sin requerir el refrendo de la Contraloría.
El proyecto también refuerza las capacidades del Ministerio Público, otorgando a los fiscales facultades para realizar investigaciones patrimoniales, aprehensión provisional de bienes, clasificar causas como complejas y mantener la reserva del sumario hasta por 30 días, según lo ameriten las investigaciones.
“Buscamos un sistema más eficiente, con herramientas que permitan responder con contundencia a los delitos contra la administración pública”, señaló Gómez.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el aumento del tiempo de prescripción para delitos de corrupción, que pasaría a ser el doble del máximo de la pena prevista por ley en casos como peculado, enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios y delitos patrimoniales.
Además, el cómputo del plazo se suspendería mientras el funcionario investigado permanezca en el cargo, lo que busca evitar que se utilicen los puestos públicos como escudo de impunidad.
De forma paralela, el segundo proyecto presentado propone reformas al Código Penal, con énfasis en castigar con penas de cárcel a los funcionarios que cobran sin trabajar, una figura popularmente conocida como “botellas”.
La normativa contempla además el uso de acuerdos de pena como herramienta para recuperar activos y obtener información relevante. Estos acuerdos incluirían restitución de bienes, colaboración en juicio y beneficios condicionados como la reducción de penas o la protección del testigo.
Entre las medidas de protección previstas para denunciantes, testigos y colaboradores se encuentran: supresión de identidad, reubicación temporal o definitiva, escolta personal, asistencia psicológica y fuero laboral, en función del nivel de riesgo determinado por las autoridades.
También se plantea prohibir a exjueces y exfiscales actuar como abogados defensores en procesos penales donde hayan tenido participación durante su ejercicio público, un cambio que busca garantizar mayor ética y transparencia en el sistema judicial.
Por último, el proyecto abre la puerta a la formación de equipos conjuntos de investigación con otros países, fortaleciendo así la cooperación jurídica internacional para combatir casos de corrupción con dimensiones transnacionales.