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ANTAI sanciona a funcionarios de la CSS y Descentralización por graves faltas éticas

ANTAI sanciona a funcionarios de la CSS y Descentralización por graves faltas éticas
Foto: Archivo / En Segundos.

Las sanciones incluyen la recomendación de destitución y el envío de los casos a las Fiscalías Anticorrupción

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a cuatro servidores públicos de la Caja del Seguro Social (CSS) y de la Autoridad Nacional de Descentralización, tras verificar serios incumplimientos al Código de Ética de los Servidores Públicos, informó la entidad mediante un comunicado oficial, informó el diario Panamá América.

Uno de los casos más graves involucra a un funcionario de la CSS, quien, según la denuncia recibida en octubre del 2024, estaba legalmente inhabilitado para ejercer funciones públicas, la ANTAI corroboró que el servidor fue contratado en el 2021, y se encuentra inhabilitado desde octubre del 2023 hasta octubre del 2026.

Luego de revisar documentación de la propia CSS y de la Corte Suprema de Justicia, la ANTAI recomendó su destitución inmediata y remitió el expediente a las Fiscalías Anticorrupción para que se inicien las investigaciones penales correspondientes.

Fachada de la Caja de Seguro Social.

El informe también detalla que otras tres funcionarias —dos de la CSS y una de la Autoridad Nacional de Descentralización— incurrieron en faltas éticas graves al realizar viajes al extranjero mientras presentaban incapacidades médicas para justificar su ausencia laboral.

El Servicio Nacional de Migración confirmó que una de las funcionarias salió del país durante tres meses, periodo en el cual continuó recibiendo incapacidades médicas expedidas en Panamá, lo que le permitió cobrar su salario sin cumplir funciones.

La ANTAI subrayó que esta conducta representa una ventaja injustificada y una posible manipulación de documentación médica. Por ello, también recomendó la destitución de las involucradas y enviará copias autenticadas de los expedientes a la Procuraduría General de la Nación para las respectivas investigaciones penales.

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