Analizan en el Ministerio Público los recursos fiscales para traer de vuelta al líder sindical
El procurador general de la Nación, Luis Gómez, reconoció este martes, que la posible acogida del líder del Sindicato Único de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, en Venezuela podría dificultar su proceso de extradición a Panamá
Es un prófugo de naturaleza internacional, por lo que se emitió una alerta roja de Interpol en su contra, y se están estudiando, a nivel de fiscalías, los recursos que permitirían su retorno al país para que enfrente los cargos por los que se le acusa, dijo Gómez en TVN Noticias.
El procurador reconoció que, de estar en Venezuela, el proceso es más complicado.
“Entendemos un poco las características del Estado Bolivariano de Venezuela”, señaló Gómez.
Eso implicará cierto análisis, porque en los últimos cinco años hemos tenido la experiencia de solicitar personas en extradición y han sido denegadas. En algunos casos nos han contestado y en otros no, así que seguramente esto va a ser objeto de análisis por parte del fiscal de la causa”, agregó el procurador.
Méndez, dejó su asilo en Bolivia desde el 24 de julio y hasta el momento se desconoce oficialmente su paradero, aunque extraoficialmente se le ubica en Venezuela.
Gómez explicó que Méndez debe responder por dos procesos judiciales, uno en la Fiscalía Primera del Crimen Organizado, por presunto delito financiero y blanqueo de capitales, relacionado al uso de documentación con información falsa para obtener un crédito en el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).
De acuerdo a Gómez, parte de este dinero se utilizó para actividades prohibidas por ley y que son sancionables desde el punto de vista jurídico penal.
Además, destacó una segunda investigación, a cargo de la Fiscalía Segunda del Crimen Organizado, por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, estafa agravada, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
Explicó que ese proceso inició a raíz de una denuncia presentada por trabajadores afiliados al Sindicato, y actualmente cuenta con más de 200 personas afiliadas al sindicato, constituidas como querellantes.
“Dentro de este proceso se han hecho señalamientos y se han recabado elementos de convicción que apuntan a la comisión de estos delitos”, sostuvo el procurador.