“La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente”, advierte secretario de Estado, Marco Rubio
Las víctimas acreditadas en el caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe alertaron este jueves a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las “presiones externas”, específicamente de Estados Unidos, sobre el poder judicial del país, luego de que el exmandatario fuera condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal, informó la agencia EFE.
Así lo manifestaron las víctimas, entre las que figura el senador izquierdista Iván Cepeda, en una “comunicación oficial” enviada a la relatora para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite, y a la relatora sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la CIDH, Roberta Clarke, en la que detallan “los intentos de interferencia en la función jurisdiccional”.
Eso, señalaron, “representa una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano”.
Uribe, de 73 años y jefe del partido de derechas Centro Democrático, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado responsable, en primera instancia, de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
“El único ‘delito’ del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente”, señaló ese día el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X.
Las víctimas manifestaron que reacciones como la de Rubio “pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”.
“En un Estado de Derecho, la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales”, expresaron.
Igualmente solicitaron tanto a la relatoría de la ONU como a la de la CIDH que hagan “una intervención urgente que permita salvaguardar la integridad del poder judicial en Colombia, garantizar condiciones de independencia para jueces y operadores de justicia, y prevenir cualquier forma de presión indebida que pueda afectar la decisión de segunda instancia en el juicio” contra Uribe.
La jueza que condenó a Uribe, Sandra Heredia, leerá este viernes la sentencia, que puede ser de entre cuatro años y ocho años de cárcel, seguramente en régimen de detención domiciliaria, aunque la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, pidió que sea mayor, de nueve años.
Sin embargo, todo dependerá de la apelación que sus abogados harán el 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene plazo hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia. EFE