Expresidente denuncia alteración del contrato original con PPC y propone rol de la ACP en la administración portuaria
El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, pidió este jueves la suspensión inmediata de las operaciones de Panama Ports Company (PPC) y una renegociación urgente de la concesión portuaria otorgada en 1997, al considerar que las condiciones originales fueron modificadas de forma lesiva para el Estado panameño, informó TVN Noticias.
Durante una entrevista con TVN Noticias, Pérez Balladares defendió el proceso de licitación internacional realizado durante su administración, que otorgó la concesión a la firma Hutchison Whampoa, pero denunció que administraciones posteriores alteraron los términos pactados, afectando los ingresos del país.
“Lo que habíamos pactado originalmente, que era un 10% de los ingresos brutos más una cifra anual estable, se obvió, cambiaron el 10% por un porcentaje de las ganancias”, explicó el exmandatario.
Según afirmó, se crearon estructuras empresariales paralelas para reducir artificialmente las utilidades de PPC, disminuyendo así los aportes al Estado. “Nos jugaron vivo. Se portaron como unos maleantes con la República de Panamá”, sentenció.
Las declaraciones de Pérez Balladares se dan en medio del debate público sobre el contrato, luego de que el contralor general, Bolo Flores, presentara demandas de inconstitucionalidad y nulidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el exgobernante insistió en que no se debe esperar el fallo de la Corte para actuar. “No podemos esperar más. La Autoridad Marítima debe impedir que se sigan haciendo cosas en ese puerto a espaldas del Estado panameño”, advirtió Pérez Balladares.
También recordó que el contrato original requería la anuencia del Estado para cualquier traspaso, y que la actual venta del conglomerado CK Hutchison debe contar con aprobación gubernamental previa.
Entre las alternativas propuestas para el futuro de la concesión, Pérez Balladares sugirió que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) asuma un papel como operador o regulador, al considerarla un modelo de administración eficiente y transparente.
Aun así, reconoció que el Estado no tiene capacidad administrativa actual para operar directamente los puertos debido a debilidades institucionales.
El expresidente también respaldó que cualquier nuevo contrato o prórroga sea aprobado como contrato ley por la Asamblea Nacional, para garantizar estabilidad jurídica y transparencia. “Si se hace bien, los diputados sabrán empinarse sobre sus intereses personales para aprobar lo mejor para Panamá”, afirmó.
Finalmente, Pérez Balladares hizo un llamado a focalizar las inversiones públicas en sectores estratégicos como la logística en torno al Canal y el sector agropecuario, destacando el potencial del país en productos como piña y café para la exportación.