El contralor asegura que se encontraron irregularidades en auditorías realizadas, mientras la empresa defiende el contrato y su seguridad jurídica
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda presentada por el Contralor General de la República, Bolo Flores, en la que solicita declarar inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, se informó este viernes.
La demanda fue presentada por Flores, este miércoles en representación del Estado, con otro recurso en el que pide también la nulidad de la extensión del contrato y que también fue admitido por la CSJ:
Se trata del contrato de concesión suscrito entre el Estado y PPC en 1997 durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, refrendado durante la administración de Laurentino Cortizo, por un período adicional de 25 años, hasta el 2047, bajo los mismos términos del contrato original.
Flores explicó previamente, en conferencia de prensa, que procedió a presentar las demandas basado en una auditoría realizada el pasado mes de abril, donde se detectaron irregularidades.El contralor calificó al contrato como “malo, leonino y abusivo contra los intereses del país”.
PPC rechazó las acusaciones y reclamó seguridad jurídica. Aseguró que la empresa contribuye con más de 25,000 empleos directos e indirectos en sus 28 años de operaciones en el país.