La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advierte que, aunque legal, la decisión del presidente omite el valor simbólico, democrático y participativo
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, cuestionó al presidente José Raúl Mulino por su decisión de no convocar el Pacto de Estado por la Justicia para la selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos actuales titulares culminan su periodo en diciembre, informó el diario La Estrella.
El mandatario fue consultado por el diario La Estrella de Panamá sobre si recurriría al Pacto de Estado por la Justicia para la designación de los reemplazos de los magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo, quienes dejarán sus cargos a finales de año.
Mulino respondió con firmeza que ejercerá su rol constitucional de nombrar directamente a los nuevos magistrados, sin pasar por ese mecanismo de consulta.
La respuesta presidencial provocó una inmediata reacción de la Fundación, que si bien reconoció que la decisión es legal, advirtió que Mulino omite dos realidades fundamentales, la profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y la importancia simbólica e histórica del Pacto de Estado por la Justicia.
“El pacto surgió en el 2005 como una salida institucional frente a una grave crisis de legitimidad del sistema judicial”, recordó la organización en un comunicado, añadiendo que este mecanismo ha contribuido a mejorar la transparencia y permitir una participación ciudadana más amplia en la selección de magistrados, sin socavar las facultades constitucionales del Ejecutivo.
Para la Fundación, la negativa del Ejecutivo a convocar el pacto representa una oportunidad perdida para reconstruir confianza ciudadana en un proceso crucial para la democracia.
También mencionaron que además de lo establecido en la Constitución, existen otras normas como la Ley de Transparencia, así como compromisos internacionales que promueven y exigen la existencia de mecanismos de consulta y participación en procesos institucionales clave.
Desde su creación, el Pacto de Estado por la Justicia ha estado integrado por representantes de la sociedad civil, el Órgano Judicial, el Ejecutivo, la Asamblea, el Ministerio Público, la empresa privada y el sector académico, y ha sido activado en distintos gobiernos como un referente de buenas prácticas democráticas.