Consideran que suspender el acuerdo no resuelve el escenario jurídico planteado, por el contrario, lo exacerba
El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), se unió al rechazo de manera categórica y absoluta del acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Pleno, por el cual se crea un fondo de compensación por retiro para Jueces y Magistrados del Órgano Judicial y exige no solo la suspensión parcial, sino que se deje sin efecto.
La CSJ aprobó suspender las jubilaciones especiales o compensación de retiros para los magistrados y magistradas que componen el pleno, pero las mantuvo para los jueces y magistrados de tribunales superiores.
El gremio de abogados, considera que “suspender el acuerdo no resuelve el escenario jurídico planteado, por el contrario, lo exacerba, pues la justicia se sostiene en la transparencia e imparcialidad, por lo que se hace imperante que nuestra máxima corporación de justicia revoque y deje sin efecto el acuerdo, un acto que compromete la confianza ciudadana en la administración de justicia, ya que, aunque formalmente legal, se percibe como un acto de desviación de poder que erosiona la institucionalidad y el prestigio de nuestro país”.
A través de un comunicado, firmado por su presidente Raúl Rodríguez, el MAG destaca que este acuerdo “combustiona el debate nacional ya lastimado por la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, la falta de liquidez del erario público y nos obliga a advertir la violación de principios fundamentales”.
Señala que la medida viola el principio de estricta legalidad y extralimitación de funciones, crea un privilegio inconstitucional, cae en conflicto de interés insuperable y en la inexistencia de un recurso efectivo.
Explica que el Pleno de la CSJ “carece de facultades constitucionales para crear, modificar o establecer regímenes de seguridad social. Esta es una competencia exclusiva del Órgano Legislativo. Al emitir un ‘acuerdo’ de naturaleza administrativa para legislar en materia de jubilaciones, la Corte excede sus funciones de administradora de justicia, arrogándose poderes que no le corresponden y vulnerando el pilar de la separación de poderes”.
Además, considera que el acuerdo establece un régimen de privilegio para los más altos funcionarios del Órgano Judicial, garantizando a los Magistrados de la CSJ el 100% de su último salario, mientras que a los jueces de menor jerarquía les asigna porcentajes inferiores sobre la diferencia. “Esto contraviene el principio constitucional de igualdad ante la ley y la prohibición de fueros y privilegios, creando una casta de funcionarios por encima del resto de los servidores públicos y ciudadanos”.
“El punto más grave es que este acuerdo ha sido emitido por sus propios beneficiarios. Cualquier demanda de inconstitucionalidad o de nulidad que se presente a nivel nacional tendría que ser resuelta por la propia CSJ, convirtiéndolos en juez y parte de su propia causa. Esta situación anula de facto cualquier posibilidad de obtener un recurso judicial interno que sea imparcial, independiente y, por lo tanto, efectivo”, señala el comunicado.
Destaca que “más allá del cumplimiento estricto de la Constitución y de la Ley, la CSJ está obligada a observar estándares éticos superiores, dada la naturaleza de su función como último garante de la justicia en el país”.