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ONU alerta de amenazas y presión política contra jueces en Ecuador

ONU alerta de amenazas y presión política contra jueces en Ecuador
Foto de archivo de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, el pasado 23 de mayo habla durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz

Pide al gobierno que respete y garantice la independencia del poder judicial y lo proteja “contra la intimidación y la injerencia política”

La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este viernes su profunda preocupación tras haber recibido denuncias sobre amenazas y presión política por parte de altos funcionarios públicos contra integrantes de la Corte Constitucional de Ecuador, informó la agencia EFE.

“Cuando altos funcionarios califican a los jueces de ‘enemigos de la ciudadanía’ por cumplir con su función, se pone en peligro la independencia del poder judicial”, afirmó.

Los comentarios a los que hizo alusión se produjeron tras decisiones judiciales y fueron realizados por personas supuestamente encargadas de salvaguardar la separación de poderes.

 

 

 

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la primera semana de agosto algunos artículos de leyes promovidas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para evitar posibles violaciones de los derechos humanos, mientras revisaba su constitucionalidad.

Satterthwaite denunció en particular una marcha contra la Corte Constitucional que estuvo encabezada por el propio Noboa y en la que, entre otras cosas, se acusaba a los jueces de ser corruptos.

”Todas las instituciones gubernamentales tienen el deber de respetar y garantizar la independencia del poder judicial. Esto implica protegerlo de la intimidación y la injerencia política”, recalcó la experta en derechos humanos.

En días previos a la marcha, altos funcionarios – incluyendo una ministra de Estado y el presidente de la Asamblea Nacional – consideraron que la sentencia de la Corte era una amenaza para la seguridad nacional.

“Instó a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de declaraciones y acciones que pudieran socavar la independencia judicial, a garantizar que todos los poderes del Estado respetan y cumplen las sentencias de la Corte, y a proteger a los jueces y juezas de amenazas, represalias y difamación pública”, señaló.

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