Choi Min-kyeong busca sentar precedente legal e impulsar acciones globales contra el régimen norcoreano
La activista y desertora norcoreana Choi Min-kyeong se convirtió en la primera ciudadana de su país en presentar una demanda penal y civil contra Kim Jong-un, a quien acusa de crímenes de lesa humanidad cometidos en centros de detención del régimen, informó la agencia EFE.
En entrevista con EFE, Choi aseguró que su objetivo es que esta acción judicial se convierta en una piedra angular para mejorar los derechos humanos en Corea del Norte y responsabilizar directamente al líder norcoreano, al que acusa de encabezar un sistema que institucionaliza la represión.
El pasado 11 de julio, Choi presentó ante un tribunal y una fiscalía en Seúl una demanda civil por unos $36,000, y una denuncia penal en la que detalla torturas, malos tratos y abusos sexuales sufridos durante sus detenciones tras cuatro repatriaciones forzadas desde China, entre 1997 y el 2008.
Choi, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Detención en Corea del Norte, aseguró que las violaciones que vivió son parte de una política de represión sistemática, y no hechos aislados.
“La responsabilidad final recae en Kim Jong-un”, subrayó. Añadió que fue testigo de muertes por agotamiento y desnutrición, y que muchas víctimas quedaron con secuelas físicas y mentales. “Yo misma sigo en tratamiento con antidepresivos”, confesó.
Aunque Corea del Norte no ha respondido a demandas anteriores y no se espera compensación directa, Choi y su equipo legal —que incluye al primer abogado desertor de Corea del Norte— buscan sentar un precedente legal que permita acciones como el congelamiento de bienes norcoreanos en el extranjero, tal como ocurrió en el caso del estadounidense Otto Warmbier en 2018.
El equipo ha solicitado que la notificación legal se envíe a la misión norcoreana ante la ONU en Nueva York. Su plan es que una eventual sentencia sirva como soporte para presentar el caso ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Actualmente, la organización de Choi ha recopilado testimonios de al menos 30 víctimas para respaldar la denuncia, ella sostiene que Kim Jong-un ha expandido los centros de reeducación para consolidar su control mediante el miedo y el castigo.
Choi también arremetió contra la política de acercamiento del presidente surcoreano Lee Jae-myung, criticando la retirada de altavoces de propaganda en la frontera y la suspensión de emisiones de radio y TV hacia el Norte. “Es un acto inconstitucional que tapa los oídos de los norcoreanos y bloquea el camino hacia la reunificación”.
Denunció la pasividad de Seúl ante las repatriaciones forzadas por parte de China, donde calcula que viven más de 100,000 norcoreanos, muchos de ellos hijos de refugiados. Propuso que Corea del Sur presione a Pekín con restricciones de visado si continúan las deportaciones.
El caso también busca ganar tracción internacional gracias al actual contexto geopolítico, Choi valoró la creciente presión europea sobre Corea del Norte, especialmente tras el envío de soldados y municiones por parte del régimen para apoyar la invasión rusa a Ucrania.