El caso involucra un posible sobrecosto de más de $1,840 millones y presunto conflicto de interés
El Ministerio Público (MP) ha admitido la denuncia presentada contra el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, por presunto sobrecosto de más de $1,840 millones en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, informó el diario Crítica.
El diputado Jhonathan Vega, quien dio a conocer la denuncia, fue enfático en su rechazo a la gestión del exministro: “Ese señor dejó las calles de Panamá hechas un desastre, y parecía tener acciones en todos los autorepuestos. Sin duda alguna tendría que verse beneficiado. Por eso no reparaba las calles, aparte del conflicto de interés que tenía porque también era contratista en la Mina”, declaró Vega.
Durante su intervención, Vega calificó al exfuncionario como “un individuo sinvergüenza y corrupto, como el gobierno anterior” y pidió que sea investigado y juzgado. “El dinero de los panameños lo despilfarraron como les dio la gana. Esto no puede quedar impune”, afirmó.
La denuncia también tiene sustento en declaraciones del actual ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, quien reveló que decisiones administrativas tomadas bajo la gestión de Sabonge provocaron sobrecostos de hasta $3,000 millones.
Esto, debido a la modificación del diseño original del Cuarto Puente, que inicialmente incluía un monorriel para la Línea 3 del Metro, pero fue sustituido por un túnel subacuático, calificado como innecesario por las autoridades actuales.
“Con apenas $100 millones adicionales se habría podido mantener el diseño original. El cambio fue injustificable y costoso”, señaló Andrade.
La investigación también abarca denuncias públicas sobre supuestos beneficios personales que habría obtenido Sabonge mediante contratos relacionados con la reparación de calles, lo que podría constituir un conflicto de interés debido a su vinculación como contratista en otros proyectos estatales.
El proceso legal avanza en medio de un llamado a la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. La ciudadanía y la Asamblea exigen que, de comprobarse irregularidades, los responsables respondan ante la justicia.