El respaldo de Trinidad y Tobago se suma al de Guyana, Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, anunció que su país permitirá el acceso de fuerzas estadunidenses a su territorio en caso de que Washington lo solicite para defender a Guyana frente a una eventual agresión militar de la dictadura de Nicolás Maduro, informó el diario El Nacional.
El pronunciamiento, que marca un giro relevante en la seguridad del Caribe, se produce en medio del aumento del despliegue naval de Estados Unidos en la región, con destructores como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson patrullando frente a las costas venezolanas.
“Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade territorio guyanés, y el gobierno estadounidense solicita acceso al territorio trinitario para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas”, declaró Persad-Bissessar.
La mandataria aseguró que su país mantiene “buenas relaciones con el pueblo venezolano”, pero dejó claro que su gobierno apoyará a Washington si Caracas decide avanzar sobre Guyana.

La decisión se enmarca en la histórica controversia territorial por el Esequibo, una franja de 160,000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales, que el régimen de Maduro busca anexar pese al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guayana Británica. Guyana sostiene que la disputa debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), mientras que Venezuela rechaza ese mecanismo y apuesta por la confrontación política.
La tensión escaló en diciembre del 2023, cuando Maduro impulsó un referéndum para incorporar el Esequibo, generando alarma internacional y temores de un conflicto armado.
El presidente guyanés, Irfaan Ali, advirtió recientemente que su país está preparado para defender su soberanía y alertó que la situación puede “desestabilizar a toda la región”.
El respaldo de Trinidad y Tobago se suma al de Guyana, Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos, naciones que han visto dispararse la violencia vinculada al narcotráfico. Solo en el 2024, Trinidad y Tobago registró 625 homicidios, con una tasa de 45,7 por cada 100,000 habitantes, la mayoría vinculados a pandillas.
Persad-Bissessar atribuyó este fenómeno a la penetración de los carteles de drogas, armas y trata de personas, que -según denunció- han alcanzado incluso las altas esferas políticas de la región.
Desde Estados Unidos, el congresista Carlos Gimenez, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, agradeció públicamente la decisión de Trinidad y Tobago y la calificó como un respaldo a la lucha contra el Cartel de los Soles, organización criminal dirigida desde la cúpula del chavismo. En paralelo, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, propuso declarar a las pandillas como grupos terroristas ante la magnitud de la violencia.
El gobierno venezolano reaccionó acusando a Guyana de servir a “intereses extranjeros”, señalando en particular a la petrolera estadunidense Chevron.
La cancillería chavista calificó de “miserable” el comunicado de Georgetown y denunció supuestas injerencias internacionales destinadas a “perjudicar la imagen de Venezuela”.
