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Aprueba alquiler de carro blindado por $70,000 a presidenta de la Corte Suprema

Aprueba alquiler de carro blindado por $70,000 a presidenta de la Corte Suprema
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Eugenia López. EFE/ Bienvenido Velasco.

Contrataciones Públicas reculó luego de que había frenado la licitación, argumentando que otras compañías ofrecían el servicio a un menor costo

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) autorizó finalmente la contratación mediante proceso excepcional de la empresa Inspiration Holding Group, Inc., por un monto de $70, 620 para el alquiler de un carro blindado para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López.

“La presente autorización es el resultado de la evaluación de los hechos expuestos en el informe técnico fundado, las especificaciones técnicas de la contratación, la propuesta técnica y económica del proveedor, la disponibilidad presupuestaria, la justificación del periodo contractual, y demás documentos aportados por la entidad solicitante”, explicó la DGCP.

La CSJ justificó el alquiler por el atentado sufrido por la magistrada en su oficina el pasado 31 de enero. Señaló que luego del atentado era indispensable que se tomaran “medidas para minimizar vulnerabilidades, garantizando la movilidad de López con el nivel de resguardo necesario”.

 

Sede de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La DGCP decidió en primera instancia, que la propuesta, valorada en $70,620 mensuales de alquiler, no cumplía con las normas legales, reglamentarias ni de conveniencia en materia de contrataciones públicas.

Según la entidad, el Órgano Judicial había omitido considerar ofertas con mejor relación costo-beneficio, incluyendo opciones con pólizas de seguro, servicios de conductores entrenados en conducción defensiva, Panapass incluido y tarifas más competitivas.
La magistrada López, en su momento, rechazó estos argumentos y aclaró que lo estaban comparando con cotizaciones corporativas que distaban mucho de las circunstancias en las que la CSJ había ejecutado el alquiler.

La DGCP decidió finalmente avalar el alquiler y argumentó que se tomó en cuenta tres cotizaciones que aportó la CSJ, que justificaban el monto de la contratación.

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