A dos meses de la cumbre climática en Belém, líderes originarios denuncian invasiones, falta de apoyo estatal y proyectos legislativos que ponen en riesgo sus territorios
A falta de dos meses para la celebración de la COP30, la cumbre climática de la ONU que se realizará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, los pueblos indígenas de la Amazonía alzan la voz para exigir que sus demandas sean escuchadas y consideradas en las negociaciones globales sobre el clima, informó la agencia EFE.
Desde São Gabriel de Cachoeira, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, la lideresa indígena Janete Alves, del pueblo desana, subrayó que “la selva solo existe gracias a los pueblos indígenas”, y que defenderla es defender la vida misma.
Su declaración llega en un contexto alarmante, proyectos legislativos en Brasil amenazan con abrir tierras indígenas a la minería, el gas y grandes obras de infraestructura, mientras persisten las invasiones ilegales, la minería clandestina y la presencia del narcotráfico en la región amazónica.
“Queremos llegar a la COP30 con una posición unificada, articulando con otros pueblos de Brasil y la Amazonía, porque no va a ser fácil”, afirmó Alves.
Las comunidades originarias insisten en que su participación no puede ser simbólica, ya que, aunque no tienen derecho a voto en las negociaciones, exigen que sus propuestas sean tomadas en cuenta.
Estudios como los de MapBiomas destacan el rol fundamental de estas comunidades, entre 1985 y el 2023, solo el 1,2% de la vegetación en tierras indígenas fue destruida, frente al 19,9% en propiedades privadas, y a pesar de estos datos, los pueblos originarios continúan enfrentando constantes amenazas sin una respuesta efectiva del Estado.
Actualmente, de los 632 territorios indígenas reconocidos en Brasil, 158 aún se encuentran en proceso de estudio, algunos desde hace más de 40 años, según datos del Instituto Socioambiental (ISA), esta demora legal agrava los conflictos con hacendados y deja sus tierras en una situación de vulnerabilidad permanente.
Uno de los ejemplos más críticos es el del pueblo yanomami, cuya tierra fue devastada por la minería ilegal, dejando una secuela de contaminación por mercurio, enfermedades y muertes, que aún persiste pese a los esfuerzos del gobierno federal.
Alves denunció que la región del Río Negro carece de apoyo gubernamental real, dependiendo principalmente de recursos de organizaciones no gubernamentales internacionales. “No está siendo fácil”, recalcó.
La directora adjunta de Imaflora, Patricia Machado, resaltó que el estilo de vida tradicional de los pueblos indígenas es la base de su contribución a la conservación del bioma amazónico, sin embargo, falta un reconocimiento formal a los servicios ambientales que brindan, cuyo impacto va más allá de sus territorios.