El proceso podría derivar en una multa de hasta $25.000 si se comprueba que dos empresas donantes no ejercen actividades económicas en Panamá, como exige el Código Electoral
La Fiscalía Electoral (FE) abrió una investigación contra el alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, por una posible violación al artículo 230 del Código Electoral, que prohíbe donaciones a campañas políticas provenientes de personas jurídicas sin actividades económicas registradas en Panamá, informó el diario La Estrella.
Según confirmó la fiscal electoral administrativa segunda, María del Rosario Bravo, en entrevista con La Estrella, el caso se centra en dos donaciones por un total de $30,000, hechas por las sociedades Bernadette Limited y BSINESS Association LTD, ambas vinculadas a la campaña alcaldicia de Mizrachi, que recibió en total medio millón de dólares.
“Tenemos unas empresas que presuntamente no registran actividades económicas dentro del territorio”, explicó Bravo. De confirmarse la irregularidad, el alcalde podría ser multado con hasta $25,000, según establece la normativa electoral vigente.
La fiscal Bravo detalló que, además de verificar si las empresas donantes tienen actividades económicas en el país, se están solicitando informes a bancos sobre la existencia y propiedad de las cuentas desde las cuales se realizaron las transferencias, así como información sobre posibles contratos con el Estado.
El abogado de Mizrachi confirmó que Bernadette Limited, que donó $20,000, está registrada en el Registro Público de las Islas Vírgenes Británicas, y afirmó que la contribución fue reportada al Tribunal Electoral (TE), que ya había recibido la documentación respectiva.
El equipo de comunicación del alcalde señaló que la defensa probará que todos los fondos recibidos cumplieron con lo establecido en la ley electoral, y que el TE tuvo conocimiento de los orígenes del dinero.
Por ahora, la Fiscalía Electoral investiga la posible infracción de dos de los siete numerales del artículo 230 del Código Electoral, y se encuentra a la espera de información clave de instituciones y entidades financieras para definir la procedencia legal de los fondos.
Una vez culminada la etapa de recolección de pruebas y emitida la declaración del alcalde, será el Tribunal Electoral el que determine si corresponde una sanción económica.