Los terrenos, traspasados a una cooperativa del sindicato, forman parte de una investigación penal contra sus dirigentes por estafa
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial ratificó la aprehensión de 14 fincas ubicadas en el complejo turístico Red Frog, en isla Bastimentos, como parte de una investigación penal que involucra a dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), informó el diario La Prensa.
La decisión fue tomada durante una audiencia realizada este jueves, en la que los magistrados mantuvieron la medida emitida el pasado 21 de agosto por la jueza Sheryll Toullier, dentro de un proceso por blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos.
En este caso están implicados los dirigentes Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud.
López, quien compareció a la audiencia, se encuentra bajo arresto domiciliario y porta un brazalete electrónico.
Méndez, excandidato presidencial y figura visible del SUNTRACS, se encuentra prófugo en Venezuela. Cerrud solicitó asilo político en la embajada de Nicaragua, donde permanece refugiado.
Las 14 fincas, que abarcan 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construcción, posteriormente renombrada Bastimentos Holding, como compensación a 412 trabajadores que participaron en una huelga legal entre febrero del 2007 y octubre del 2008 en el proyecto Red Frog.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) declaró legal la huelga, y la empresa fue condenada al pago de $7 millones en salarios caídos, sin embargo, se firmó un acuerdo extrajudicial entre la empresa y el SUNTRACS para entregar los terrenos en lugar del dinero, con un valor estimado de $3 millones en ese entonces.
Uno de los puntos más sensibles del caso es que, según la investigación, la mayoría de los 412 trabajadores no fueron informados del acuerdo ni de que ahora eran propietarios de terrenos en Red Frog, los terrenos fueron posteriormente traspasados a una cooperativa vinculada al sindicato.
Esto ha levantado sospechas sobre la legalidad y transparencia del manejo del patrimonio por parte del SUNTRACS, y derivó en la formulación de cargos contra sus principales líderes.
El proceso judicial sigue su curso mientras se mantiene la aprehensión de los terrenos, medida que impide su venta, traspaso o modificación mientras se esclarecen los hechos.
Las autoridades han advertido que se analizarán posibles responsabilidades civiles y penales, así como eventuales reparaciones a los trabajadores afectados.
El caso podría tener repercusiones significativas para la organización sindical, históricamente una de las más influyentes en el país, y para los derechos de los trabajadores involucrados.