Organizaciones locales denunciaron la falta de representación real y el silencio oficial ante los abusos del régimen de excepción de Bukele
Defensores del pueblo y representantes de entidades de derechos humanos de distintos países firmaron un acuerdo de cooperación en El Salvador, al cierre de la Primera Cumbre Global sobre Derechos Humanos, que se dio promovida por el régimen salvadoreño, informó la agencia EFE.
La cumbre, celebrada durante tres días en la capital salvadoreña, fue calificada por la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, como un evento histórico y sin precedentes.
Sin embargo, el evento fue duramente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, que denunciaron su exclusión del encuentro y acusaron al régimen de usar la cumbre como una plataforma de legitimación en medio de crecientes señalamientos por violaciones a los derechos humanos.
Una de las principales críticas provino del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización que acompaña a familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción implementado por el autócrata Nayib Bukele desde marzo del 2022.
Samuel Ramírez, coordinador de Movir, acusó a la procuradora Caballero de encubrir las violaciones cometidas durante el régimen. “No ha hecho absolutamente nada por defender los derechos de las víctimas del régimen”, dijo Ramírez, calificándola de “tapadera” de los abusos estatales.
Organismos humanitarios nacionales e internacionales han documentado más de 400 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción, y el propio gobierno ha reconocido la detención de al menos 8,000 personas inocentes, en un contexto de más de 70,000 arrestos realizados sin garantías judiciales plenas.
La cumbre se realizó en un momento en que el régimen de Bukele enfrenta severas críticas por su estrategia de seguridad, que, si bien ha reducido drásticamente los índices de violencia vinculada a pandillas, lo ha hecho a costa de derechos fundamentales
“Hablar de derechos humanos sin escuchar a las víctimas ni a quienes trabajan con ellas en el país sede es una contradicción profunda”, señaló en redes sociales un representante de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).