Denuncian que “la administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar que las personas estuvieran protegidas de la tortura y otros abusos”
El gobierno de Estados Unidos acordó pagar $4.7 millones a El Salvador a cambio de recibir a más de 200 migrantes deportados, según documentos judiciales, que detallan exigencias de que esos fondos no sean usados en asesoría legal a solicitantes de asilo a Estados Unidos, entre otras condiciones, informó la agencia EFE.
Los detalles del pacto eran desconocidos hasta ahora y salieron a la luz como parte de las evidencias en una demanda liderada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward contra ese acuerdo, firmado entre las administraciones del presidente de Donald Trump, y El Salvador, el autócrata Nayib Bukele.
El documento es una carta oficial del Departamento de Estado al gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo del 2025, en la que se formaliza la concesión de $4.7 millones destinados exclusivamente al apoyo penitenciario y logístico para la detención de esos migrantes, en su mayoría venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
La misiva también estipula la prohibición de esos fondos para uso en asesoría legal a migrantes que soliciten asilo o referirlos a abogados en Estados Unidos, además de restringir el apoyo a UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina, o actividades relacionadas con servicios de salud reproductiva.
Según el texto de la carta, el acuerdo no crea obligaciones bajo derecho internacional, por lo que cualquier diferencia será resuelta solo mediante consultas diplomáticas directas entre ambos gobiernos.
“La correspondencia entre el Departamento de Estado de EE. UU. y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: La administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las personas desaparecidas de EE.UU. a la infame prisión salvadoreña CECOT estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos”, dijo la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman.
En un comunicado, Perryman insistió en que “no obstante, el acuerdo sí se esforzó por garantizar que los fondos que Estados Unidos proporcionó a El Salvador no se utilizaran para brindar atención de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”.