Mientras el padrón electoral solo creció 33%, los fondos estatales destinados a campañas aumentaron de $15 millones a $109 millones en el 2024
Desde que el Código Electoral de Panamá incorporó el financiamiento público electoral en 1997, los montos asignados a los partidos políticos se han incrementado en un 625%, pasando de $15 millones entonces a $109 millones en las elecciones del 2024, informó el diario La Prensa.
Sin embargo, este aumento masivo de recursos no ha ido acompañado de mejoras en la calidad democrática, advierten organizaciones de la sociedad civil.
Durante el mismo periodo, el padrón electoral solo creció un 33%, lo que deja en evidencia un desbalance entre el crecimiento del gasto y el número de votantes.
“No parece haber una relación entre el incremento de recursos y la democracia que queremos”, afirmó Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – capítulo panameño de Transparencia Internacional.
El artículo vigente del Código Electoral establece que el 1% de los ingresos corrientes del Estado del año anterior a las elecciones debe ser destinado al financiamiento electoral.
Esto ha convertido al subsidio en una bolsa de recursos crecientemente abultada, sin mecanismos proporcionales que lo ajusten a la realidad política y ciudadana.
Esta fórmula ha sido objeto de crítica recurrente por parte de diversos sectores. De hecho, la reducción del subsidio electoral ha sido una de las principales demandas planteadas por la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).
Según Carlos Gasnell, también miembro de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el financiamiento público, tal como está concebido, no ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la transparencia, la competitividad ni la equidad electoral.
Ambos expertos advierten que el aumento sostenido del gasto público en campañas no ha traído consigo una democracia más participativa, representativa o libre de corrupción.
Organizaciones como Transparencia Internacional insisten en que Panamá debe repensar cómo se asignan y utilizan los fondos públicos en el proceso electoral.
Además de revisar el porcentaje obligatorio del subsidio, proponen: Establecer criterios de desempeño democrático para acceder a fondos, fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia del gasto electoral y reforzar la educación cívica y el control ciudadano sobre los recursos públicos usados en política.
“Invertir en democracia no es lo mismo que financiar partidos sin resultados. Necesitamos mecanismos que garanticen que cada dólar público se traduzca en más transparencia, más participación y más rendición de cuentas”, concluyó De Obaldía.