Arroceros denuncian que la institución desplazó el producto nacional con 550,000 quintales extranjeros
Un fuerte choque entre productores de arroz panameños y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estalló este viernes tras una denuncia pública que acusa a la institución estatal de importar 550,000 quintales de arroz brasileño sin cumplir los procedimientos legales establecidos, desplazando al producto nacional y afectando gravemente al agro panameño, informó el diario digital Reportero del Agro.
En entrevista con Radio Panamá, un productor arrocero explicó que la venta mensual de entre 100,000 y 150,000 quintales de arroz extranjero en las agro tiendas del IMA representa una competencia desleal que pone en riesgo más de $300 millones anuales generados por la actividad arrocera local.
Aseguró que la medida amenaza con llevar a la quiebra a cientos de familias que dependen exclusivamente de la producción nacional de alimentos.
“La misión del IMA debería ser comprar y distribuir arroz nacional a través de los molineros locales, no inundar el mercado con importaciones”, reclamó el productor, quien calificó la acción como un golpe directo a la seguridad alimentaria y a la economía rural.
En respuesta, el director del IMA, Nilo Murillo, justificó la importación alegando que fue una decisión necesaria para abastecer las ferias estatales. Aseguró que el instituto no está obligado a someter la importación a la aprobación de la Cadena Agroalimentaria, y afirmó que asistir a dicho ente ha sido un compromiso moral, no una obligación legal.
Además, Murillo minimizó las denuncias de los productores, calificándolas de “cuento”, y afirmó que el IMA no puede controlar precios debido a que “vivimos en una globalización económica”.
Sin embargo, las declaraciones de Murillo contradicen abiertamente el marco jurídico vigente en Panamá.
La Ley 49 del 2017 establece de forma clara que toda importación de productos sensitivos como el arroz debe ser aprobada por la Cadena Agroalimentaria, mientras que la Ley 352 de 2023 consagra la Política Agroalimentaria de Estado como una norma de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sector agropecuario.
No es una cuestión de “compromiso moral”, sino de legalidad, subrayan los productores. “El IMA no puede actuar al margen de la ley ni por encima de ella”, advirtieron.
Más allá del marco legal, la denuncia también ha abierto un debate sobre la ética, el civismo y la responsabilidad institucional, para los sectores del agro, lo ocurrido representa una traición a la soberanía alimentaria y una señal de que el Estado podría estar privilegiando intereses comerciales extranjeros por encima del productor nacional.
“El director del IMA ha falseado la verdad y ha socavado la confianza de los ciudadanos en el Estado”, denunció el productor entrevistado. “Importar arroz cuando hay producción nacional disponible es inmoral, antipatriótico y destructivo”.
La confrontación entre productores y el IMA deja al descubierto un modelo de gestión cuestionado, en el que las decisiones no siempre responden a la ley ni al interés nacional.