La medida que restringe el uso del sistema gratuito a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $36,000 será reevaluada tras preocupación del sector MIPYME
La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECÁMARAS), Alicia Jiménez, aseguró que se ha alcanzado un acuerdo con la Dirección General de Ingresos (DGI) para revisar la reciente resolución que limita el uso del facturador electrónico gratuito a contribuyentes con ingresos anuales menores a $36,000 y un máximo de 100 documentos mensuales, informó el diario La Estrella.
La disposición establece que a partir del 1 de enero del 2026, quienes superen esos umbrales deberán contratar un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAFE), lo que ha generado inquietud en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME).
“Conversamos con el director de la DGI, Camilo Valdés, sobre los pros y contras de la facturación electrónica. Él escuchó nuestra posición, que defiende los intereses de la micro, pequeña y mediana empresa, sin afectar a las grandes”, afirmó Jiménez.
FEDECÁMARAS manifestó que el límite de $36,000 coincide con el techo de la renta exenta para personas naturales, lo que podría congelar el crecimiento de pequeños negocios, al forzarlos a asumir costos adicionales si apenas superan ese ingreso.
Como resultado del diálogo, la DGI se comprometió a realizar un análisis técnico y científico para evaluar la posibilidad de aumentar el umbral.
Jiménez propuso tomar como referencia las normas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), donde la pequeña empresa tiene un techo de $150,000 anuales.
Actualmente, más de 32,000 contribuyentes utilizan el facturador gratuito de la DGI, de ellos, al menos 18,000 superan los nuevos límites y deberán migrar a soluciones privadas antes del 2026 si no hay modificaciones en la normativa, este grupo incluye comercios minoristas, profesionales independientes y pequeñas empresas en crecimiento.
Además, la resolución establece nuevas obligaciones, como la verificación anual de ingresos y volumen de facturación, y el mantenimiento actualizado de la información tributaria ante la DGI.
Aunque la medida busca mejorar la trazabilidad tributaria, expertos advierten que puede convertirse en una carga operativa para negocios que apenas superan los límites establecidos.