Las reformas a la Ley 14 de 1993 inquietan a los conductores, quienes temen una pérdida de seguridad jurídica y el aumento de la competencia informal
La presentación de dos propuestas de ley que buscan reformar la Ley de Transporte ha generado fuertes reacciones entre los gremios transportistas, quienes advierten que los cambios podrían desestabilizar el sistema actual y poner en riesgo su sustento, informó el diario Metro Libre.
La principal preocupación radica en la posible eliminación del artículo 18 de la Ley 14 del 1993, que otorga concesiones definitivas para operar líneas, rutas y piqueras. Los transportistas consideran que esta modificación mermaría su estabilidad jurídica, abriendo paso a una mayor informalidad y competencia desleal.
“Nos preocupa que al sector transporte el gobierno no nos haya dado nada desde el 2011, tampoco se hace revisión de tarifa y ahora, mediante la eliminación del artículo 18, proliferen más organizaciones no reconocidas y le den oportunidad a las plataformas de organizarse y convertirse en una competencia desleal”, expresó Abel Obando, dirigente de la Cámara Nacional de Transporte.
Obando también alertó que las iniciativas pretenden eliminar las organizaciones de transporte, lo que a su juicio podría generar un desorden mayor en el sistema, difícil de controlar o regular.
Ante esta situación, los transportistas solicitaron a los proponentes de ambas reformas que sus planteamientos sean canalizados a través de la mesa técnica que mantiene el Ministerio de Gobierno desde hace cinco meses, y en la que participan representantes del sector, usuarios y autoridades.
El anteproyecto del diputado Neftalí Zamora establece concesiones temporales evaluables, permite que el Metrobús opere en zonas concesionadas, si se justifica la necesidad, las quejas por mal servicio o cobros ilegales serían causales de cancelación de concesiones, y promueve salarios fijos y cobertura de seguro social para los transportistas.
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En tanto el anteproyecto del diputado Edwin Vergara, elimina la carta aval como requisito para brindar el servicio, acaba con la discrecionalidad en el proceso de emisión de certificados de operación, y permite que los transportistas se organicen en asociaciones, sin quedar de por vida ligados a prestatarias.
Los gremios temen que estas reformas terminen favoreciendo a nuevas plataformas tecnológicas o actores sin trayectoria en el servicio de transporte público, mientras se ignoran las exigencias históricas del sector formal, como la revisión de tarifas y subsidios pendientes.