Con 13 votos en contra, el proyecto fue rechazado en el pleno, provocando divisiones entre bancadas que se acusan mutuamente de proteger la corrupción
Un proyecto de ley que buscaba brindar protección legal a quienes denuncien irregularidades en la administración pública y el sector privado fue rechazado por el pleno de la Asamblea Nacional (AN) con 13 votos en contra, informó el diario La Estrella.
La decisión ha desatado una tormenta política y un encendido intercambio de mensajes entre diputados, principalmente a través de redes sociales.
En la lista de votos negativos aparecen los diputados Carlos Afú, Crispiano Adames, Dominga Bejarano, Ernesto Cedeño, Isaac Mosquera, Jaime Vargas, Jamis Acosta, Joana Cedeño, Luis Eduardo Camacho, Mercedes Gálvez, Raphael Buchanan, Ronald De Gracia y Tomás Benavides.
La publicación provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del pleno. El jefe de bancada del partido Vamos, Roberto Zúñiga, criticó con dureza la decisión: “Lamentable esta Asamblea. Por los mismos de siempre. Acabaron de rechazar el proyecto de ley de protección de denunciantes. ¡Le temen a los proyectos anticorrupción!”.
En el mismo tono se expresó la diputada Janine Prado, también de Vamos, quien aseguró: “Hoy la Asamblea perdió la oportunidad de ponerse del lado de la gente. Rechazar la ley de protección a denunciantes es proteger la corrupción, no a los ciudadanos”.
Uno de los principales cruces se dio entre el proponente del proyecto, Jorge Bloise, y el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, este último, también señalado en la imagen publicada, justificó su voto en contra señalando problemas legales dentro de la propuesta.
El proyecto formaba parte de una serie de medidas impulsadas tras las recientes demandas sociales por mayor transparencia en la gestión pública, su rechazo es interpretado por varias bancadas como un paso atrás en la lucha contra la corrupción.
Aunque el oficialismo aún no se ha pronunciado de forma institucional sobre la votación, las reacciones en redes reflejan una creciente frustración ciudadana. Activistas y organizaciones civiles ya han comenzado a exigir que el proyecto sea reintroducido con las correcciones necesarias.
Mientras tanto, la AN enfrenta una nueva crisis de credibilidad en torno a su compromiso con la transparencia, en un país donde la desconfianza en las instituciones sigue siendo uno de los principales retos democráticos.