Sara Hernández, de 10 años, fue expulsada junto a su familia pese a su grave estado de salud; lleva cuatro meses sin atención médica adecuada en México
Varios congresistas demócratas exigieron a la Administración de Donald Trump que conceda de manera urgente un permiso humanitario (parole) para permitir el retorno de Sara Hernández, una niña ciudadana estadunidense de diez años que fue deportada en marzo junto a su familia a México, mientras buscaba tratamiento médico por el cáncer que padece, informó la agencia EFE.
El congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, calificó el caso como una muestra de la “inhumanidad” de las políticas migratorias del expresidente republicano. “No estamos hablando de personas criminales, como ellos dicen. Hablamos de gente trabajadora que lo único que quiere es sustento y salud para sus hijos”, señaló.
Espaillat, quien se reunió con la familia en México en mayo, subrayó que la deportación colectiva evidencia que “el objetivo de la administración Trump fue separar o expulsar familias enteras, sin importar las consecuencias humanitarias”.
En marzo, la familia Hernández —padres y seis hijos, todos residentes en Texas— fue detenida en un retén fronterizo mientras intentaban llevar a Sara al hospital, tras quejarse de dolores intensos.
Según relató la abogada Rochelle Garza, del Texas Civil Rights Project, los agentes de inmigración les ofrecieron dos opciones extremas: ser separados (ya que cinco de los niños son ciudadanos estadounidenses y podían quedarse) o ser deportados todos juntos. Los padres optaron por no dividir a la familia.
Fueron deportados al día siguiente a una zona rural de México, donde Sara no ha podido continuar su tratamiento médico especializado por no tener ciudadanía mexicana ni recursos económicos.
“Sara es el rostro de nuestra humanidad como nación”, declaró Garza, quien ha acompañado a la familia desde su expulsión. “Han pasado ya cuatro meses y la menor sigue sin atención médica adecuada”, denunció.
El congresista Joaquín Castro, de Texas, elevó el tono al pedir una acción inmediata: “Necesitamos urgentemente un parole humanitario para traer a Sara de regreso a casa y que reciba la atención que necesita. Y lo necesitamos ahora”, afirmó.
La familia Hernández aún espera una respuesta oficial del gobierno estadunidense, mientras la salud de Sara sigue deteriorándose en un país que no reconoce su nacionalidad ni puede ofrecerle la atención médica que necesita con urgencia.
Este caso vuelve a colocar el foco sobre las consecuencias humanas de las políticas migratorias implementadas durante la era Trump, especialmente en lo que respecta a la separación de familias, el trato a menores y la deportación de ciudadanos estadunidenses por errores burocráticos o decisiones apresuradas en la frontera.