Fue aplazado tras la renuncia de las representantes de la sociedad civil designadas para participar en las entrevistas
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia informó que no pudo iniciar la quinta fase del concurso público, destinado a seleccionar magistrados y jueces para distintas jurisdicciones del país, debido a la ausencia de representantes de la sociedad civil, requeridos por ley para esta etapa del proceso.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Ley 53 del 27 de agosto del 2015, en su artículo 95, numeral 5, establece que las entrevistas a los aspirantes deben contar con la participación de al menos un representante de la sociedad civil.
No obstante, las dos personas designadas —una titular y una suplente— renunciaron a su participación, notificando su decisión a la Secretaria General del Órgano Judicial, licenciada Yanixsa Yuen.}
Ante esta situación, la Corte notificó al Consejo de Administración de la Carrera Judicial (CACJ), que ya ha anunciado que procederá a nombrar nuevos representantes civiles para dar continuidad al proceso.
Debido a este imprevisto, la Corte Suprema ha suspendido temporalmente las entrevistas correspondientes a la quinta fase del concurso, particularmente las relacionadas con el Sistema Penal Acusatorio, y ha indicado que estas se reprogramarán una vez se cuente con los nuevos delegados de la sociedad civil.
Por su parte la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia anunció su retiro de la quinta fase del concurso nacional para la selección de magistrados y jueces, al considerar que el proceso carece de transparencia, objetividad y rigor técnico, según lo expresó en un comunicado.
Alianza Ciudadana sostiene que el método actual de evaluación no asegura imparcialidad ni criterios técnicos claros, y denuncia la falta de parámetros públicos para verificar la idoneidad de los candidatos. “Sin criterios de evaluación accesibles, no hay garantía de que se escojan a los más competentes”, advirtió la organización.
Asimismo, cuestionó que la responsabilidad de esta fase haya sido delegada a una sola funcionaria, lo cual —según señalaron— limita la pluralidad y el control institucional, requisitos esenciales para un proceso legítimo en el marco de la Carrera Judicial, regulada por la Ley 53 del 2015.
En su comunicado, Alianza Ciudadana exhortó a la Corte Suprema a suspender la quinta fase del concurso y a diseñar un sistema de selección más transparente, riguroso y basado en méritos verificables. También pidió incorporar mecanismos de participación ciudadana reales y asegurar que los procesos sean auditables.
Alianza Ciudadana concluyó que la legitimidad de los nombramientos judiciales depende de procesos abiertos, técnicos y vigilados por la sociedad civil, principios que, según afirma, no se están cumpliendo en el concurso vigente.