Resaltan el modelo de libre competencia en Panamá, mientras alertan sobre riesgos regulatorios en otros países de América Latina
Panamá sigue destacándose como un referente de estabilidad y libre mercado dentro del sector financiero latinoamericano, así lo afirmó Raúl Guizado, presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), al señalar que el país mantiene un sistema bancario competitivo y sin imposiciones como los créditos dirigidos o topes a las tasas de interés, que sí afectan a otras economías de la región, informó el diario La Estrella.
“Aquí hay un mercado de libre competencia y evidentemente hay un marco normativo que les permite a los bancos competir. Sin duda, la Superintendencia de Bancos está permitiendo el libre mercado y eso es muy bueno”, aseguró Guizado.
En la misma línea, Ernesto Boyd, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), indicó que la banca panameña se enfoca en el desarrollo constante y en adaptarse a los retos del entorno.
Al ser consultado sobre si existe presión legislativa sobre el sector, Boyd rechazó el término y lo sustituyó por una cooperación constante entre la ABP y la Asamblea Nacional (AN).
“Yo no lo veo como presión. Creo que es una cooperación necesaria que debe existir entre la Asamblea y la ABP”, comentó Boyd, quien reiteró el compromiso del gremio bancario de mantener un diálogo abierto para asegurar que las leyes sean beneficiosas para todos los panameños, sin comprometer la dinámica de libre mercado.
Guizado contrastó la realidad panameña con la de países como Costa Rica, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, donde han surgido normativas que, según FELABAN restringen la libre competencia bancaria.
Particularmente preocupante, dijo, es el caso de Bolivia, donde se debate una ley que permitiría diferir créditos y suspender embargos por seis meses, lo que podría fomentar una cultura de no pago y debilitar la estructura del sistema financiero.
Por su parte, Giorgio Trettenero Castro, secretario general de FELABAN, advirtió que tales medidas, lejos de beneficiar al consumidor, deterioran la eficiencia del sistema, reducen el acceso al crédito y afectan la sostenibilidad del modelo financiero.
“A largo plazo, estas prácticas ponen en riesgo la solvencia del sistema y comprometen la inclusión financiera lograda con esfuerzo”, dijo.