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Corte Suprema admite demanda contra fondos asignados a la AMUPA

Corte Suprema admite demanda contra fondos asignados a la AMUPA
Abogado, Roberto Ruiz Díaz.

El recurso cuestiona la legalidad de destinar el 1% de la inversión pública a una asociación privada

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo de la Ley de Descentralización que otorga a la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) el 1% de las transferencias de inversión pública, informó este viernes el diario La Prensa.

La acción legal fue interpuesta por el abogado Roberto Ruíz Díaz, quien sostiene que dicha disposición vulnera el artículo 233 de la Constitución Política, el cual establece que corresponde a los municipios, y no a entidades privadas, prestar los servicios públicos y ejecutar las obras que beneficien a las comunidades.

Asignar fondos públicos a una entidad privada es ilógico y absurdo, pues desnaturaliza la función de los gobiernos locales y crea un manejo paralelo de los recursos que pertenecen a la ciudadanía”, señaló Ruíz Díaz.

 

Sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto: Archivo.

 

La admisión del recurso por parte de la CSJ abre el camino a un debate jurídico sobre el uso de fondos estatales en asociaciones que, aunque vinculadas a los municipios, no forman parte de la estructura institucional del Estado. El máximo tribunal ha solicitado el pronunciamiento del procurador de la Nación antes de iniciar la etapa de alegatos, en la que las partes deberán presentar sus argumentos de fondo.

La AMUPA, creada para fortalecer la gestión de los municipios, ha recibido transferencias estatales bajo este esquema durante varios años. Sin embargo, el recurso plantea que esta práctica podría constituir un desvío de la naturaleza de la descentralización, cuyo objetivo es dotar directamente a los gobiernos locales de recursos para atender las necesidades de sus comunidades.

El fallo que emita la CSJ marcará un precedente clave en materia de descentralización y uso de los fondos públicos, en un contexto en que la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos estatales son temas de creciente escrutinio ciudadano.

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