Las querellas, que exigen indemnizaciones, denuncian detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos constitucionales
El presidente Donald Trump enfrenta una creciente ola de demandas judiciales por presuntos abusos cometidos durante redadas migratorias en distintas partes del país, informó la agencia EFE.
Entre los casos más graves se encuentran el de Leonardo García, un trabajador de la construcción estadunidense detenido dos veces por agentes migratorios, y el de Rafie Ollah Shouhed, un empresario de 79 años golpeado y arrestado pese a haberse sometido recientemente a una cirugía de corazón.
Ambas querellas, que exigen indemnizaciones de hasta $50 millones, se suman a una serie de acciones legales que acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de violaciones sistemáticas a los derechos constitucionales de ciudadanos y residentes legales durante los operativos.
García, de origen hispano y residente en Alabama, fue arrestado por agentes encapuchados mientras trabajaba en una obra de construcción, y a pesar de identificarse como ciudadano estadunidense y mostrar una REAL ID válida, fue esposado y retenido por una hora.
Un mes después, fue detenido nuevamente en circunstancias similares, representado por el Institute for Justice, su demanda colectiva incluye a otros 19 trabajadores del sector que habrían sufrido situaciones parecidas.
“Como demuestra la experiencia de García, estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para estadunidenses inocentes y trabajadores”, afirma la demanda presentada esta semana.
Otro caso estremecedor es el de Shouhed, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien alega haber sufrido lesiones graves, incluyendo fracturas y traumatismo craneoencefálico, tras ser arrojado al suelo por agentes migratorios durante una redada en septiembre.
A pesar de advertir que acababa de ser operado del corazón y que necesitaba asistencia médica, fue esposado y trasladado al centro de detención, donde permaneció casi 12 horas sin atención ni derecho a llamadas. La demanda invoca la Ley Bane de California, que prohíbe la represión violenta de derechos constitucionales.
Además, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes anunciaron en agosto demandas separadas contra el DHS por detenciones arbitrarias, entre ellos se encuentra Cary López, quien estaba embarazada al momento de su arresto y afirma que su hijo nació prematuramente a raíz del estrés sufrido.
El abogado Luis Carrillo, representante de varios demandantes, declaró que espera frenar el uso excesivo de la fuerza mediante estas acciones judiciales, y ya ha solicitado junto a la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta una investigación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las demandas, que revelan una práctica recurrente de detenciones sin causa probable, uso desproporcionado de la fuerza y discriminación racial, colocan al gobierno de Trump bajo una nueva lupa legal y ética, al tiempo que reavivan el debate sobre los límites del poder migratorio en Estados Unidos.