La lista de objetivos va más allá de los grupos designados públicamente por el gobierno como organizaciones terroristas, de acuerdo con información publicada en CNN
La administración del presidente Donald Trump elaboró una opinión jurídica clasificada que confiere al presidente la autoridad para ordenar ataques letales contra una lista secreta y extensa de carteles y presuntos narcotraficantes, según revelaron varias fuentes familiarizadas con el asunto, informó el diario El Nacional.
El dictamen, que no había sido publicado y fue redactado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, establece que el mandatario puede autorizar el uso de fuerza letal contra un amplio rango de organizaciones criminales al considerarlas una “amenaza inminente” para los estadunidenses.
Esta lista de objetivos va más allá de los grupos designados públicamente por el gobierno como organizaciones terroristas, de acuerdo con información publicada en CNN.
Expertos legales consideran que esa opinión es altamente significativa, porque parece justificar una guerra indefinida contra grupos no especificados, otorgando al presidente la facultad de designar a narcotraficantes como “combatientes enemigos” y ejecutarlos sumariamente sin el debido proceso legal.
Históricamente, los narcotraficantes han sido tratados como delincuentes con derecho a un proceso judicial, siendo la Guardia Costera la encargada de arrestarlos.
Sarah Harrison, exasesora general asociada del Departamento de Defensa y analista de Crisis Group, advirtió sobre la amplitud de la medida: “Si la opinión de la OLC… es tan amplia como parece, significaría que el Departamento de Justicia ha interpretado que el presidente tiene poderes tan extraordinarios que solo él puede decidir llevar a cabo una guerra mucho más amplia que la que el Congreso autorizó después de los ataques del 11 de septiembre”.
Harrison señaló que, bajo esa lógica, la administración podría afirmar que cualquier grupo que trafique drogas a Estados Unidos “constituye un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”.
El polémico dictamen de la OLC sirvió como base legal principal para una serie de ataques militares recientes contra embarcaciones en el Caribe.
Un memorando del Departamento de Defensa a legisladores la semana pasada argumentó que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles y que los contrabandistas son “combatientes ilegales”.
Hasta la fecha, el ejército estadunidense ha ejecutado al menos cuatro ataques en el Caribe contra barcos vinculados a cárteles. El más reciente, confirmado por secretario de Defensa Pete Hegseth en redes sociales, ocurrió la semana pasada y resultó en la muerte de cuatro personas.
Legisladores han solicitado reiteradamente al Departamento de Justicia y al Pentágono una copia del dictamen legal, incluso la semana pasada, pero las agencias se han negado a proporcionarlo al Congreso.
Dentro del Pentágono, algunos abogados militares y expertos en derecho internacional han manifestado su preocupación por la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes, aunque no pueden anular la opinión de la OLC, la cual es la interpretación legal predominante.
La opinión del Departamento de Justicia es fundamental en la campaña ampliada contra los cárteles latinoamericanos.
Dicha campaña incluye la expansión de las facultades de la CIA para realizar ataques letales y operaciones encubiertas en la región. El presidente Trump actualizó las autoridades de la CIA casi al mismo tiempo que ordenó al ejército combatir a los cárteles a principios de este verano.
La expansión de las facultades de la CIA a América Latina, sin embargo, conlleva riesgos, especialmente por el número comparativamente alto de ciudadanos estadunidenses y titulares de Green Card en la región que podrían demandar al gobierno de Estados Unidos si resultaran heridos.