El Decreto 601 del Ministerio de Educación, que obliga a los colegios a presentar sus fundamentos financieros, convocar reuniones de padres y levantar actas para cualquier aumento
El abogado Adriano Ferro, directivo de la Asociación de Escuelas Particulares de Panamá y miembro de la Cámara Nacional de Educación e Innovación, lanzó una alerta contundente: la educación privada en Panamá está al borde del colapso.
Más de 19 colegios particulares podrían cerrar este año y otros 25 seguirían el mismo camino en 2026, debido a la morosidad de los padres de familia y a propuestas legislativas que, según Ferro, “asfixian el funcionamiento de los planteles”.
Ferro cuestionó con dureza la propuesta que busca que los aumentos de matrícula y mensualidad solo puedan aprobarse cada tres años y con el voto favorable de dos terceras partes de los padres de familia.
“Se pretende convertir a los padres en socios de las decisiones económicas del colegio. Eso es inviable. Ningún servicio privado puede funcionar con sus propios clientes decidiendo cuánto cuesta operar”, subrayó.
El abogado comparó la medida con el sistema de salud privado: “Imagínese que los pacientes del Hospital San Fernando se reúnan a decidir los precios de los procedimientos médicos. Sería insostenible. Lo mismo pasará con los colegios”.
El dirigente recordó que ya existe un marco regulatorio vigente: El Decreto 601 del Ministerio de Educación, que obliga a los colegios a presentar sus fundamentos financieros, convocar reuniones de padres y levantar actas para cualquier aumento.
“Ya hay normas que controlan los incrementos. No se necesita otra ley que entorpezca la gestión”, dijo.
Pero, a su juicio, la aplicación de la Ley 245, que impide negar certificaciones o suspender clases a estudiantes morosos, ha profundizado el caos financiero. “Hoy, entre el 50% y el 60% de los padres mantienen morosidad. Hay colegios financiando anualidades completas con dinero que nunca llega.
Algunos padres solo pagaron la matrícula y nada más”, denunció Ferro.
Sistema público, sin capacidad para absorber el éxodo
El cierre progresivo de los colegios particulares, advierte el gremio, no es solo un problema empresarial, sino una amenaza nacional.
“En los últimos cinco años, más de 25 mil estudiantes han migrado del sector privado al público, y las escuelas estatales no tienen cupo ni condiciones para recibir más”, explicó Ferro.
A su juicio, legislar sin entender la realidad económica del país puede agravar el problema educativo.
“El Estado debería fortalecer la educación particular, no debilitarla. Somos parte del mismo sistema. Si colapsamos nosotros, el público no podrá absorber la demanda”, señaló.
El dirigente ilustró el contraste con datos duros:
De los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025, 11 provienen de colegios particulares y apenas cuatro de escuelas públicas.
Un patrón similar se repite en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, donde la mayoría de los estudiantes admitidos son egresados de centros privados.
“Eso demuestra que la educación particular sigue aportando excelencia académica. Los colegios privados preparan a los jóvenes con dominio de idiomas, tecnología y pensamiento crítico. En muchas escuelas públicas ni siquiera hay laboratorios de computación”, lamentó.
Ferro fue directo: “Los colegios particulares se están convirtiendo, sin querer, en financiadores del sistema educativo. Estamos sosteniendo estudiantes cuyos padres no pagan, y al mismo tiempo se nos limita cobrar o ajustar cuotas. Es una situación insostenible”.
El abogado insistió en que la educación privada no busca privilegios, sino equilibrio.
“Necesitamos reglas sensatas. Si seguimos cerrando colegios, el país perderá capital humano preparado, docentes capacitados y diversidad educativa. Eso es un lujo que Panamá no puede darse”, advirtió.
Para Ferro, el gobierno debe revisar con urgencia el marco legal del sector particular, ofrecer incentivos o mecanismos de apoyo y reconocer el papel que cumple la educación privada como aliada del desarrollo nacional.