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Corte Suprema declara constitucional artículo de la Ley 462 que permite descuentos a jubilados

Corte Suprema declara constitucional artículo de la Ley 462 que permite descuentos a jubilados
Sede de la Corte Suprema de Justicia. Foto: CSJ.

Fallo unánime sostiene que retención del 6,75% en pensiones no contradice la Constitución ni convenios internacionales

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá resolvió por unanimidad que el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462 de 18 de marzo del 2025, que permite aplicar descuentos a las pensiones de jubilación, no es inconstitucional, desestimando así la demanda presentada por el abogado Martín Jesús Molina, informó TVN Noticias.

El fallo, que tuvo como ponente a la magistrada presidenta María Eugenia López, concluye que la norma no contradice el artículo 4 de la Constitución, el cual establece el acatamiento de tratados internacionales, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), citados por el demandante.

Molina argumentó que la ley vulnera derechos adquiridos de los jubilados, al retenerles un 6,75% de sus pensiones, pese a haber cumplido con las 240 cuotas requeridas por la Caja de Seguro Social (CSS). Afirmó que esa práctica es injusta e inconstitucional y va en contra de las disposiciones internacionales que prohíben deducciones en pensiones de vejez.

Caja de Seguro Social oficina en Clayton.

Sin embargo, la Corte concluyó que la legislación vigente no infringe las normas internacionales ni el marco constitucional panameño, y que la jubilación puede estar sujeta a contribuciones destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema.

La Ley 462, que reformó la Ley Orgánica de la CSS, establece que hombres y mujeres que cumplan con las edades de 62 y 57 años respectivamente, y acumulen 240 cuotas, tienen derecho a una jubilación equivalente al 60% del promedio de sus mejores salarios anuales.

A pesar de este derecho, organizaciones de jubilados han denunciado descuentos continuos en sus pensiones, y reclaman mejores condiciones económicas, incluso mediante protestas callejeras.

El abogado Molina, en su argumento, pidió que los magistrados tomaran en cuenta la situación alarmante de unos 250,000 jubilados y pensionados, quienes enfrentan dificultades económicas a pesar de su contribución al desarrollo del país.

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