El anteproyecto fue remitido a una subcomisión que tendrá 30 días para emitir un dictamen técnico y legal
Un anteproyecto de ley que plantea un cambio estructural en el sistema tributario panameño, al eliminar exenciones fiscales históricas para partidos políticos y candidatos por libre postulación, fue remitido a una subcomisión para su análisis en la Asamblea Nacional (AN), informó el diario La Estrella.
La iniciativa, titulada “Que disminuye el impuesto sobre la renta a las personas naturales y elimina los beneficios fiscales en la política”, fue presentada por el diputado independiente José Antonio Pérez Barboni.
Actualmente, los partidos políticos gozan de privilegios fiscales que les permiten importar propaganda sin aranceles, recibir fondos sin impuestos y mantener inmuebles exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Según los proponentes, estos beneficios discriminatorios e injustificados, colocan a los partidos en una posición fiscal de privilegio frente a ciudadanos comunes y pequeñas empresas.
El anteproyecto propone derogar seis artículos clave del Código Electoral (108, 200, 201, 228, 255 y 263), que han blindado a los partidos frente a obligaciones tributarias ordinarias.
En contrapartida, plantea un alivio fiscal directo a trabajadores y familias de ingresos bajos y medios, modificando la escala del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas naturales.
Principales cambios propuestos en el ISR: Aumento del umbral exento mensual de $846.15 a $1,000, reduciendo la base gravable, nuevas tarifas progresivas 0% hasta $13,000 anuales; 15% para el siguiente tramo; 25% y 30% para ingresos superiores, y revisión quinquenal del umbral exento para ajustarlo por inflación, manteniendo el principio de equidad.
“Un trabajador que hoy gana $1,500 solo pagaría impuestos sobre $500 después de esta reforma”, ejemplifica el documento, subrayando el impacto directo en el bolsillo de la clase trabajadora.
El anteproyecto fue enviado por la Comisión de Gobierno, a una subcomisión la cual tendrá 30 días para emitir un informe que incluya evaluación del impacto fiscal, análisis de constitucionalidad y posibles salvaguardas.