Iniciativa ciudadana impulsada por universitarios propone regular el acceso de menores a redes sociales y proteger su salud mental
El proyecto de ley 426, que propone establecer un sistema integral de protección digital para niños, niñas y adolescentes, avanzó en la Asamblea Nacional tras ser remitido a una subcomisión para su análisis técnico y legal, informó el diario La Estrella.
La iniciativa, originada mediante un mecanismo de participación ciudadana por estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), plantea un marco legal innovador para enfrentar los riesgos que enfrentan los menores en entornos digitales.
La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, calificó el debate como polémico, pero necesario, y asumió también la presidencia de la subcomisión encargada de perfeccionar el texto legal.
La propuesta tiene como objetivo regular el acceso de menores a redes sociales, resguardar su privacidad, y prevenir impactos negativos en su salud mental, como ansiedad, depresión o trastornos del sueño, cuya relación con el uso excesivo de plataformas digitales está ampliamente documentada por organismos como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El estudiante Manuel de Freitas, uno de los proponentes del proyecto, explicó que la iniciativa nace de la preocupación por los efectos que el- entorno digital está teniendo sobre el desarrollo emocional y neurológico de niños y adolescentes. “La exposición descontrolada a redes sociales está afectando a toda una generación”, advirtió.
El proyecto de ley 426 se basa en tres pilares clave de acción preventiva y control parental: 1-Consentimiento parental verificable: Las plataformas deberán obtener autorización formal de padres o tutores antes de recopilar y tratar datos de menores.
2- Controles parentales obligatorios: las empresas tecnológicas deberán ofrecer herramientas accesibles para administrar tiempo de uso, contenido y privacidad.
3- Edad mínima de 16 años: los menores no podrán crear cuentas personales sin verificación de identidad y consentimiento familiar.
Además, el texto introduce el principio de seguridad por defecto, que exige que las configuraciones iniciales de cualquier plataforma prioricen la privacidad y protección del menor.