El abogado Roberto Ruiz Díaz solicita la nulidad del Acuerdo Municipal que autoriza pagos por $676 mil anuales a autoridades locales
La legalidad de los gastos de representación asignados a los representantes de corregimiento del distrito capital ha sido nuevamente cuestionada en el plano judicial, informó el diario La Estrella.
El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando la anulación del Acuerdo Municipal, aprobado por el Concejo Municipal de Panamá y avalado por su presidente, Senen Mosquera.
Dicho acuerdo autorizó la creación de 26 asignaciones mensuales de gastos de representación dentro de la estructura administrativa del Municipio, lo que representa un gasto anual de $676,000, donde cada representante de corregimiento recibiría $2,000 mensuales con cargo al presupuesto municipal, una decisión que, según Ruiz Díaz, carece de sustento legal y presupuestario.
El jurista alega que el Concejo Municipal actuó excediéndose en sus facultades, al establecer beneficios salariales para autoridades que, aunque electas popularmente, no son funcionarios municipales.
Recuerda que los representantes dependen administrativamente del Ministerio de Gobierno, entidad encargada de pagar sus salarios y viáticos, por lo que cualquier beneficio adicional debió tramitarse mediante el Presupuesto General del Estado y no con fondos del tesoro municipal.
Además de solicitar la nulidad del acuerdo, Ruiz Díaz pide que se declare ilegal todo desembolso realizado bajo este concepto y que se ordene la devolución de los fondos si se comprueba su improcedencia.
La demanda sostiene que los gastos de representación fueron incorporados al presupuesto del Municipio de Panamá de forma irregular, sin estar contemplados en el presupuesto de rentas y gastos aprobado para el 2025, por lo que Ruiz Díaz asegura que la inclusión posterior de estas partidas alteró el equilibrio fiscal y violó el principio de legalidad del gasto público.
También señala que el acuerdo fue aprobado bajo el mecanismo de urgencia notoria, sin la debida justificación formal y escrita que exige el reglamento interno del Concejo.
El fondo del conflicto jurídico radica en una discrepancia sobre la competencia para asignar recursos a representantes de corregimiento.
Por su parte, la Contraloría General de la República emitió una circular en febrero del 2025 indicando que los gastos de representación para autoridades locales pueden ser reconocidos en el presupuesto municipal, siempre que no excedan los $2,000 mensuales.
No obstante, el demandante insiste en que, al no ser funcionarios municipales, los representantes no pueden beneficiarse de asignaciones creadas por acuerdos del Concejo Municipal.
La demanda ahora está en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si el Concejo Municipal incurrió en una violación a la legalidad presupuestaria y administrativa al aprobar este tipo de asignaciones.