Decisión del contralor Bolo Flores genera críticas por posible vulneración de garantías constitucionales
La Contraloría General de la República informó este lunes que el contralor Bolo Flores decidió no remitir a la Corte Suprema de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad presentada contra la Resolución 3126-2025-Leg/PJ, del 23 de septiembre del 2025.
Dicha resolución faculta al titular de la Contraloría a dictar medidas cautelares reales y personales -como embargos y restricciones- en virtud del denominado “Reglamento de medidas precautorias que adopta la institución para proteger los intereses públicos”.
Según lo señalado por la entidad, Bolo Flores considera que la advertencia, promovida por el abogado Ángel Álvarez, está relacionada con casos en los que el abogado representa a clientes particulares, y pese a la polémica generada, la Contraloría no considera necesario elevar la solicitud al máximo tribunal para su revisión.
La decisión aplaza la posibilidad de que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad de estas facultades, otorgadas mediante un reglamento interno emitido por la propia Contraloría, lo cual ha generado preocupación en sectores jurídicos, políticos y empresariales.
El contralor habría sostenido que las personas decentes no tienen nada que temer y que su despacho tiene amplios poderes, que en esta ocasión serán usados, declaraciones que han sido interpretadas como un indicio de tensión institucional entre el órgano de control fiscal y el sistema judicial.
La negativa de enviar la advertencia a la Corte mantiene en suspenso el control de constitucionalidad sobre un reglamento que introduce medidas que tradicionalmente requieren la autorización de un juez, esto ha reavivado el debate sobre la separación de poderes y el respeto a las garantías procesales en el país.
Organizaciones empresariales y actores políticos han expresado su rechazo a lo que consideran una concentración excesiva de poder en manos del Contralor, alertando sobre el riesgo de persecución política o administrativa sin supervisión judicial.