El enfrentamiento ahora entre Fiscalía y el Ejecutivo por las novedades en el caso se ha convertido en uno de los mayores choques institucionales de la última década
El escándalo es digno de una novela de John le Carré. Dos supuestos espías chinos infiltrados en el corazón de Westminster y un juicio archivado en el último minuto. Lo que comenzó como una investigación silenciosa ha acabado convirtiéndose en una crisis institucional que sacude ahora a la Fiscalía, servicios de inteligencia y al propio gobierno de Keir Starmer, informó el diario La Razón.
Aunque el debate que se pone sobre la mesa es más amplio: El equilibrio entre la defensa de la seguridad nacional y la necesidad de reactivar la economía se ha convertido en una ecuación cada vez más difícil de resolver. Y esto no es algo que afecte solo al Reino Unido.
La historia se remonta a marzo del 2023, cuando la policía antiterrorista arrestó a Christopher Cash, un joven investigador parlamentario cercano a diputados conservadores críticos con el régimen de Xi Jinping, y a Christopher Berry, un analista académico especializado en Asia. Ambos fueron detenidos bajo sospecha de violar la Official Secrets Act al pasar información a agentes chinos entre el 2021 y el 2023.
Cash y Berry, que se declararon inocentes desde el principio, fueron acusados formalmente en abril del 2024, durante el último tramo del gobierno conservador.
El juicio se fijó para octubre del 2025. Pero, ahora -coincidiendo prácticamente con el primer año del nuevo Gobierno laborista de Keir Stearmer, el fiscal en la corte del Old Bailey anunció que el proceso no seguiría adelante: “No existe la evidencia necesaria para continuar”. La decisión dejó perplejos a los servicios de inteligencia y desató un incendio político en Westminster.
Según reveló el propio director de la Fiscalía, Stephen Parkinson, el gobierno no había aportado un documento esencial para sostener la acusación: Una declaración oficial que confirmara que China era considerada una amenaza a la seguridad nacional durante el periodo en que se produjeron los hechos.
Sin esa prueba, la ley de secretos oficiales no permite calificar el intercambio de información como espionaje. La Fiscalía insinuó que la omisión no fue casual. Y ahí comenzó la tormenta.
El enfrentamiento ahora entre Fiscalía y el Ejecutivo se ha convertido en uno de los mayores choques institucionales de la última década. La oposición conservadora acusa a Starmer de haber “interferido políticamente” para evitar tensar las relaciones con Pekín.
El líder laborista, que ha prometido un “nuevo pragmatismo económico” para reactivar el crecimiento tras el Brexit, es consciente de que China sigue siendo un socio imprescindible para el Reino Unido, especialmente en sectores como la energía verde o la tecnología.
El gobierno ha tratado de apagar el fuego publicando tres declaraciones oficiales elaboradas por el viceasesor de Seguridad Nacional, Matthew Collins, que revelaban una evolución llamativa en el lenguaje del Ejecutivo respecto a China.
El primer texto, fechado en diciembre del 2023, bajo mandato tory, describía a Pekín como “una amenaza activa y sostenida de espionaje”.
El segundo, en febrero del 2025, ya con el actual Gobierno laborista, suavizaba el tono e introducía referencias a la “necesidad de mantener relaciones económicas constructivas”. El tercero, fechado el pasado agosto, mantenía esa línea ambigua.
El director general del MI5, Ken McCallum, ha reconocido sentirse “frustrado” por el desenlace del proceso. En un discurso el pasado jueves, advirtió de que China representa una amenaza “constante” para la seguridad del Reino Unido y reveló que sus agentes habían desmantelado una nueva operación de espionaje vinculada a Pekín apenas unos días antes..
El régimen chino, por su parte, ha calificado todo el caso como una “pura invención y calumnia maliciosa” y acusa a Londres de “socavar las relaciones bilaterales”.
Los dos acusados, Cash y Berry, también defienden su inocencia. Berry asegura que los informes que entregó a una empresa china “contenían análisis económicos basados en fuentes públicas” y que “en ningún caso comprometían la seguridad del Estado”.
El caso ha vuelto a poner de manifiesto las contradicciones de la política británica hacia China, que lleva más de una década oscilando entre la cooperación y la desconfianza. Desde los tiempos en que David Cameron invitó a Xi Jinping a beber cerveza en Chequers hasta el veto a Huawei bajo Boris Johnson, Londres no ha logrado definir una estrategia estable.
Starmer, pragmático y sin el margen político de sus antecesores, intenta ahora mantener una línea intermedia. Su objetivo es doble: Proteger la seguridad nacional sin cerrar la puerta a un socio comercial esencial. Y esa dualidad es cada vez más difícil de sostener.