El presidente Luis Arce promulgó una norma que beneficiará a reclusos con condenas menores y busca aliviar la crítica situación penitenciaria
El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó este jueves que entró en plena vigencia el Decreto Presidencial 5460, una norma que otorga indultos a personas privadas de libertad con condenas por delitos menores, con el objetivo de disminuir el hacinamiento en las cárceles, que actualmente supera el 105%, según datos de la Defensoría del Pueblo, informó la agencia EFE.
En una publicación en sus redes sociales, el mandatario explicó que el decreto, firmado por su gobierno en septiembre y aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece las condiciones, requisitos y procedimientos para la concesión de los indultos.
“Esta norma, de gran relevancia, permitirá la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios, considerando que hay numerosos privados de libertad que aún esperan la revisión de sus procesos”, expresó Arce.
El Decreto Presidencial 5460, con vigencia de un año, beneficiará a los reclusos que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada o la obtengan durante la vigencia de la norma, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
De acuerdo con el documento, se concederá el indulto total a quienes tengan penas iguales o menores a diez años, sin necesidad de haber cumplido parte de la condena.
También podrán acceder al beneficio los condenados a doce años o menos que hayan cumplido al menos una tercera parte de la pena, y aquellos con penas de hasta quince años que hayan cumplido la mitad de su sentencia.
No obstante, el decreto excluye a quienes hayan cometido delitos graves, como genocidio, terrorismo, asesinato, feminicidio, infanticidio, trata de personas, corrupción, secuestro o tráfico de armas, entre otros.
Tampoco podrán beneficiarse quienes ya hayan recibido amnistías o indultos en los últimos cinco años, ni los implicados en casos donde las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad.
La decisión del gobierno responde a una crisis carcelaria estructural. Un informe de la Defensoría del Pueblo, presentado en septiembre, alertó que el país enfrenta un hacinamiento superior al 105%, con más de 33,000 personas privadas de libertad hasta julio pasado.
El organismo también señaló que el 55,9% de los reclusos está detenido sin sentencia condenatoria, lo que atribuyó al uso excesivo de la detención preventiva y la lentitud de los procesos judiciales.
El gobierno de Arce busca que el decreto contribuya a descongestionar las cárceles y a garantizar condiciones más humanas en el sistema penitenciario, sin poner en riesgo la seguridad ni la justicia.
“El indulto no es impunidad, es un acto de responsabilidad social y de respeto a los derechos humanos”, destacó el presidente boliviano.