AHOGADOS
Dicen que es una verdadera tragedia humanitaria que hayan muerto, por ahogamiento, 70 niños en los últimos 25 años, en la comarca Ngäbe-Buglé. La mayoría, menores entre los cinco y los 12 años. La falta de puentes seguros, el uso de poleas improvisadas y el empleo de precarios puentes de bambú, están entre las principales causas. El más letal es el Río Cricamola, en el Distrito de Kankintú. La solución está en la construcción de puentes seguros, el mantenimiento de caminos rurales y la mejora del transporte escolar en la comarca. Eso cuesta $60 millones. Entre las víctimas también hay educadores. “No puede morir ni un niño más de esa manera”, es el grito de las agrupaciones defensoras de los derechos de los niños y adolescentes.
FRAUDE
Dicen que la Fiscalía Anticorrupción anda con los motores encendidos y esta vez le puso el ojo a una investigación que destapó un presunto fraude millonario en créditos fiscales. Cuentan que exfuncionarios de la DGI fueron sorprendidos con las manos en los archivos durante allanamientos simultáneos en Panamá Este, Oeste y Centro. Según las pesquisas, las exfuncionarias habrían creado créditos fiscales ficticios, que luego pasaban por una empresa intermediaria antes de aterrizar en una aseguradora, la cual pagaba por la cesión de esos créditos inventados. Uno de los implicados se hacía pasar por abogado en los trámites, pero sin tener idoneidad profesional. La red era tan sofisticada como arriesgada, pero que al final, el sistema E-Tax no pudo esconder el rastro digital del fraude.
DESCUENTOS JUBILADOS
Dicen que en la Asamblea se está cocinando un debate que podría poner a más de uno a hacer cuentas con calculadora en mano. Resulta que una subcomisión analiza tres proyectos de ley que buscan aumentar los descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en hoteles, restaurantes y medicamentos. Los impulsores de la propuesta, respaldados por organizaciones de jubilados, aseguran que los actuales beneficios se quedaron cortos frente al constante aumento del costo de vida, especialmente en alimentos, medicinas y servicios básicos. “No pedimos lujos, pedimos justicia con lo que aportamos”, repiten los voceros del movimiento. El sector privado no está tan convencido. Asociaciones de hoteles, restaurantes y la Cámara de Turismo ya encendieron las alarmas, advierten que más descuentos podrían golpear la rentabilidad de los negocios y, en un efecto dominó, terminar elevando los precios generales.
LA YEYA
Dicen que la Yeya volvió a encender la mecha dentro del Partido Panameñista, y no precisamente con palabras suaves. En medio de las impugnaciones y tensiones que anteceden a la convención nacional, la exmandataria soltó una bomba política al afirmar que su partido “está hecho un desastre” y que “ya el Fufo no existe en ese partido. Lo cogieron para negocios”. Las declaraciones de la Yeya cayeron como agua fría en un colectivo que todavía busca recomponerse tras su segunda derrota electoral consecutiva, un golpe que dejó al histórico partido sin rumbo claro y con dos nóminas enfrentadas por el control de la nueva directiva. “Mi candidato es el Partido Panameñista”, dijo la Yeya, dejando claro que su lealtad no es con ningún aspirante, sino con el legado del Fufo que -según ella- se ha ido diluyendo entre divisiones internas y cálculos personales. Aseguran que es el momento de mirar hacia adelante porque, al final, “el que tenga los votos será el próximo presidente del partido”.
PERIODISTA IMPOSTOR
Dicen que el Fórum de Periodistas alzó la voz con firmeza luego del reciente incidente en la Asamblea, donde un ciudadano se hizo pasar por periodista e ingresó al recinto legislativo para protagonizar un episodio que alteró el orden y puso en entredicho la seriedad del oficio. El Fórum no solo repudió cualquier forma de amenaza, agresión o intimidación contra los verdaderos profesionales del periodismo, también pidió reforzar los controles de acreditación para evitar que impostores manchen la credibilidad del gremio. Las instituciones deben fiscalizar quiénes acceden a los eventos públicos y garantizar que los que portan un micrófono o una cámara, realmente representen al periodismo responsable, no al oportunismo disfrazado de prensa.
INTERNADO MÉDICO
Dicen que Panamá vuelve a destacarse en la región, pero esta vez no por sus canales ni su economía, sino por su modelo único de formación médica. El país es el único en toda América Latina que mantiene un internado médico de dos años, un sistema instaurado desde 1959 que paga a los estudiantes como si fueran funcionarios públicos, con salarios que pueden superar los $2,000 mensuales, incluyendo turnos adicionales. Un estudio compara los modelos de internado en 18 países latinoamericanos y concluye que la mayoría mantiene internados de un año, bajo la responsabilidad directa de las universidades y sin remuneración formal. En Panamá, sin embargo, los internos trabajan en hospitales públicos del Minsa y la CSS, donde atienden casos reales bajo supervisión médica, convirtiéndose en empleados públicos mientras son estudiantes. Aseguran que este modelo, aunque genera experiencia práctica valiosa, también alarga el proceso formativo médico a ocho años, uno más que el promedio regional, lo que repercute en la planificación de plazas laborales y en la incorporación oportuna de los nuevos médicos al sistema público.
CÁRCELES
Dicen que mientras en Bolivia el gobierno de Luis Arce da un paso audaz para enfrentar el hacinamiento carcelario con un decreto de indulto que busca liberar a quienes cumplen condenas por delitos menores, en Panamá el tema sigue durmiendo entre diagnósticos y promesas de reforma. El país sudamericano, con cárceles al 105% de su capacidad, decidió aplicar una medida extraordinaria que -sin tocar a quienes cometieron crímenes graves- intenta devolver un mínimo de dignidad a un sistema penitenciario colapsado. En cambio, en Panamá las cifras son igual de alarmantes, pero la respuesta institucional brilla por su ausencia. Mientras el discurso sobre “humanizar el sistema penitenciario” se repite en cada administración, las condiciones de los centros penales siguen mostrando hacinamiento, violencia, insalubridad y una deuda estructural con los derechos humanos.