La nueva comisión, integrada por siete instituciones y representantes de los afectados, busca retomar la atención a las víctimas y familiares
A 19 años de la tragedia del dietilenglicol, el Ministerio de Salud (MINSA) anunció la reactivación de la Comisión de Seguimiento encargada de atender a las víctimas y sus familiares, tras años de inactividad, informó TVN Noticias.
Mediante la Resolución publicada en la Gaceta Oficial del 27 de octubre, se designó a los nuevos miembros que integrarán la comisión, quienes ejercerán sus funciones ad honorem.
Entre los nombramientos figuran Torick Arce (MINSA), Grettel Hidalgo (Caja de Seguro Social), Nishma Rollizo (Ministerio de Economía y Finanzas), Virna Luque (Ministerio de la Presidencia), Eduardo Leblanc (Defensoría del Pueblo), Edwin Vergara (Asamblea Nacional) y Blanca Domínguez, en representación de los pacientes, con Omayra Tristán como suplente.
La reactivación se produce luego de los reclamos del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (COFADESAVI), que el pasado 19 de octubre exigió al gobierno atención inmediata y un diálogo directo con el presidente José Raúl Mulino.
“Venimos exigiendo al gobierno actual que nos sentemos, dialoguemos y demos solución inmediata. La comisión de seguimiento no se ha podido reactivar, y la comisión evaluadora de salud está en coma”, manifestó Gabriel Pascual, presidente del comité.
Pascual denunció además que más de 500 casos fueron descartados sin base científica, incumpliendo la ley, y recordó que la Corte Suprema de Justicia había recomendado realizar exámenes de toxicología que aún no se ejecutan.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, había solicitado en agosto pasado la reactivación de la comisión y propuso una ruta de atención integral con seguimiento de por vida, fortalecimiento del Centro de Toxicología de la CSS y garantía del suministro de tratamientos.
El envenenamiento masivo con dietilenglicol, ocurrido en el 2006 por la distribución de jarabes contaminados de la Caja de Seguro Social, causó la muerte de alrededor de 800 personas y afectó a más de 1,300.
Actualmente, 975 pacientes reconocidos reciben una pensión vitalicia de $1,000 mensuales, luego de varios aumentos desde la creación del beneficio en el 2013, sin embargo, muchas víctimas aún reclaman ser incluidas y recibir una atención médica adecuada.
La reactivación de la comisión representa un paso importante en la búsqueda de justicia, reparación y seguimiento permanente para los sobrevivientes y las familias que aún cargan con las secuelas del peor desastre sanitario en la historia del país.