Los imputados deberán firmar semanalmente mientras continúa la investigación; la defensa denuncia persecución política
El juez de garantías impuso la medida cautelar de firma semanal a los cuatro detenidos tras los allanamientos realizados el pasado 27 de octubre, en el marco de una investigación del Ministerio Público, informó el abogado Rubén Castrejo.
Los beneficiados con la medida son José Palacios, Abdiel Bethancourt, Kathia Caballero y la hija del dirigente sindical Jaime Caballero.
Durante la audiencia, Castrejo denunció que los aprehendidos fueron mantenidos en estado de indefensión, sin acceso oportuno a la información del expediente, y señaló que detrás de los operativos existiría una motivación política.
Por su parte, el abogado del dirigente Jaime Caballero, César Ruiloba, celebró la decisión judicial destacando la independencia del juez frente al Ministerio Público.
“Hoy, un juez de garantías de la República le dijo al Ministerio Público, ‘ustedes están equivocados en lo que están haciendo’. Los caminos que llevan no son los correctos y vamos a remediar jurídicamente ese entuerto”, afirmó Ruiloba.
“Este es un paso fundamental que nos da la fortaleza de seguir y decirle al país que estamos en el lado correcto de la historia”.
El abogado informó que el Ministerio Público apeló la decisión, por lo que el caso volverá a discutirse el 18 de noviembre, fecha en la que la defensa insistirá en la defensa del estado de derecho y de las garantías procesales que amparan a todos los ciudadanos panameños.
La medida cautelar, en lugar de la detención preventiva solicitada por la fiscalía, permitirá que los cuatro imputados permanezcan en libertad mientras continúa el proceso.
El fallo fue interpretado por la defensa como un precedente relevante en favor de la justicia y la independencia judicial, en un contexto de creciente tensión entre sectores sindicales y el gobierno.
Por su parte, en un pronunciamiento público, el dirigente sindical Saúl Méndez afirmó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha desatado una “brutal persecución” contra dirigentes del Sindicato Nacional Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y sus familiares, y responsabilizó por ello al Ministerio Público, al procurador y al funcionario Emeldo Márquez.