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Presidente Mulino sanciona presupuesto 2026 por $34,901 millones

Presidente Mulino sanciona presupuesto 2026 por $34,901 millones

El Presupuesto General del Estado contempla $11,188 millones en inversiones para dinamizar la economía y generar empleo

El presidente José Raúl Mulino, sancionó la Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de $34,901 millones, el cual incluye un ambicioso programa de inversiones de $11,188 millones destinado a impulsar la economía, crear empleos y elevar la calidad de vida de la población.

Durante la ceremonia de sanción, el mandatario destacó que la distribución presupuestaria sigue un enfoque social, priorizando las necesidades de la ciudadanía y asegurando la prestación de servicios esenciales, al mismo tiempo que fomenta la productividad y la sostenibilidad fiscal del Estado.

“Este presupuesto refleja el compromiso de nuestro gobierno con la gente, con la educación, la salud y el bienestar de todos los panameños. Cada balboa invertido busca generar oportunidades y fortalecer la confianza en las instituciones del país”, subrayó Mulino.

En salud, se asignaron $10,049 millones, distribuidos entre el Ministerio de Salud ($1,838 millones) y la Caja de Seguro Social ($8,211 millones). Para educación, el presupuesto asciende a $5,690 millones, de los cuales $3,639.5 millones corresponden al Ministerio de Educación, $830.5 millones a universidades e institutos especializados y $1,219 millones a otros sectores vinculados al ámbito educativo.

El sector agropecuario recibirá $279.6 millones, mientras que Obras Públicas contará con $715 millones y Seguridad con $985 millones.

El Presupuesto General del Estado 2026 mantiene un enfoque de responsabilidad fiscal, proyectando la reducción del déficit del 4,0% del PIB en el 2025 al 3,5% en el 2026, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, además, se busca garantizar eficiencia en el uso de los recursos públicos, transparencia en su distribución y fomentar un crecimiento económico inclusivo.

Con la sanción de esta ley, el gobierno reafirma su compromiso de administrar con eficiencia y responsabilidad los recursos públicos, asegurando que cada inversión contribuya al progreso social y económico de Panamá.

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