La Asamblea General aprobó nuevamente, por amplia mayoría, la resolución que pide el fin del bloqueo impuesto por Washington
El gobierno cubano volvió a imponerse en la Asamblea General de Naciones Unidas al lograr, una vez más y por abrumadora mayoría, el apoyo a su resolución anual que exige el fin del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, vigente desde hace más de siete décadas, informó la agencia EFE.
Conocido como “embargo” en Estados Unidos y “bloqueo” en Cuba, este entramado de sanciones comenzó en el contexto de la Guerra Fría, tras el triunfo de la revolución cubana el 1 de enero de 1959.
Aunque inicialmente respondió a la confrontación ideológica entre Washington y La Habana, en las últimas décadas sus principales justificaciones en Estados Unidos han girado en torno a la democracia y los derechos humanos. A lo largo de los años, la política de sanciones ha pasado por distintos hitos que han endurecido las restricciones.
En 1960, Estados Unidos suspendió la cuota azucarera cubana y aplicó un embargo parcial, dos años después, el presidente John F. Kennedy firmó la proclamación que prohibió todo comercio con la isla, y en 1963 se congelaron los activos cubanos en territorio estadunidense, medidas que aún hoy definen el marco general de las sanciones.
Durante los años ochenta, el presidente Ronald Reagan incluyó a Cuba en la lista de Países Patrocinadores del Terrorismo (1982), una designación con fuertes repercusiones internacionales.
En la década de los noventa, las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) reforzaron la presión económica y legal, codificando el embargo en la legislación estadunidense.
Aunque la Administración Obama (2015) dio pasos históricos hacia la normalización, retirando a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y flexibilizando viajes y remesas, las medidas fueron revertidas durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), que activó el título III de la Helms-Burton y restableció duras restricciones.
En 2021, Cuba volvió a ser incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo, primero bajo Trump y después ratificado durante el inicio de la administración de Joe Biden, que también aplicó sanciones bajo la Ley Global Magnitsky por la represión tras las protestas del 11 de julio.
Finalmente, en 2025, durante la segunda presidencia de Trump, Washington volvió a endurecer la política: devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, amplió la Lista Restringida de entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y limitó los visados a altos funcionarios, incluidos el presidente Miguel Díaz-Canel y varios ministros.
Con esta nueva votación en la ONU, Cuba reafirma su respaldo internacional en la denuncia de un sistema de sanciones que, según La Habana, constituye el principal obstáculo para su desarrollo económico y sus relaciones comerciales con el mundo.