PCC y Comando Vermelho dominan el tráfico de drogas y armas en el país mientras el Estado enfrenta su incapacidad para contenerlos
El reciente operativo policial en un complejo de favelas de Río de Janeiro, que dejó entre 121 y 132 muertos, ha vuelto a poner en evidencia la magnitud del crimen organizado en Brasil, dominado por dos facciones principales, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), informó la agencia EFE.
Ambas organizaciones, nacidas en el sistema penitenciario, controlan hoy la mayor parte del tráfico de drogas y armas del país y se han expandido más allá de las fronteras brasileñas. “El crimen organizado se ha desarrollado mucho y es el principal desafío de seguridad en Brasil. PCC y CV están presentes en casi todo el país”, afirmó David Marques, coordinador del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
El PCC surgió en 1993 en una cárcel de São Paulo como una especie de sindicato de presos que buscaba protección frente a la violencia y el hacinamiento, con el tiempo, se transformó en una estructura criminal jerárquica, con un órgano decisor llamado Sintonía Final y un liderazgo centralizado en Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, preso en una cárcel de máxima seguridad.
Hoy cuenta con entre 30,000 y 40,000 miembros en Brasil y presencia en Bolivia y Paraguay, operando con una organización casi empresarial, de hecho, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha descrito al PCC como una de las multinacionales del crimen del continente.
Las autoridades han descubierto que la banda lava dinero a través de empresas de transporte, moteles, gasolineras y hasta tiendas de peluches, además de tener inversiones en el mercado inmobiliario y financiero.
El Comando Vermelho (CV), nacido en Río de Janeiro en los años 70 durante la dictadura militar, tiene una estructura más descentralizada, surgió de la antigua Falange Vermelha y, aunque menos organizada que el PCC, mantiene un fuerte control territorial en las favelas cariocas y se ha extendido al noreste y la Amazonía, las regiones más pobres del país.
El CV funciona como una franquicia criminal, con líderes regionales que administran sus propias reglas y economías ilícitas. En ciudades como Belém, sede de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), es común ver las siglas “CV” pintadas en muros o postes, junto a advertencias como “Prohibido robar en la comunidad”, una muestra del poder social que ejerce en sus zonas de dominio.
Con más de 705,000 presos para una capacidad de solo medio millón, el sistema penitenciario brasileño se ha convertido en el principal semillero del crimen organizado, los nuevos reclusos suelen afiliarse a una facción para sobrevivir, y muchos de los líderes, aunque encarcelados, siguen dirigiendo operaciones desde dentro mediante abogados y familiares.
El sociólogo Ignacio Cano, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, subraya que ni el PCC ni el CV buscan el poder político. “Quieren lucro, trabajan corrompiendo el Estado”.
La masacre de Río, la mayor en la historia reciente de Brasil, ha encendido las alarmas sobre la creciente capacidad bélica de estas facciones y la debilidad del Estado para contener su influencia en un país donde las fronteras entre crimen, pobreza y corrupción parecen cada vez más difusas.