Un reciente precedente de la Junta de Apelaciones de Inmigración permite a los jueces desestimar casos infundados sin audiencia
Las posibilidades de ganar un caso de asilo en Estados Unidos se han desplomado en las últimas semanas tras una serie de decisiones judiciales y administrativas que endurecen el proceso para miles de inmigrantes, informó la agencia EFE.
Un fallo reciente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) autoriza a los jueces a rechazar solicitudes consideradas infundadas sin necesidad de audiencia, sumado a la nueva tarifa anual de $100 impuesta a quienes mantienen peticiones activas.
“Los casos de asilo enfrentan un panorama muy preocupante en Estados Unidos”, advirtió el abogado de inmigración Alex Gálvez.
El cambio judicial proviene del caso de un inmigrante peruano, conocido como Matter of HAAV, que sienta un precedente nacional. La decisión, emitida el mes pasado, permite que los jueces de inmigración desestimen solicitudes incompletas o que no cumplan los requisitos básicos, sin otorgar al solicitante la oportunidad de presentar su testimonio.
“La mayoría de los casos de asilo se ganan con el testimonio directo del solicitante, escuchando su historia y el riesgo que corre su vida si es deportado”, explicó Gálvez, quien representa a centenares de peticionarios.
Con las cortes migratorias atascadas con 3.8 millones de casos, de los cuales casi 2.4 millones son de asilo, la medida busca agilizar los procesos. Pero, en la práctica, aumenta las deportaciones y reduce el derecho a una defensa plena, según los expertos.
En tribunales como los de Los Ángeles, Gálvez ha visto cómo los jueces pasaron de atender dos o tres casos diarios a ocho o nueve, una aceleración que, en su opinión, pone en riesgo la equidad del sistema. “El precedente va a ser usado por muchos jueces para cerrar casos de forma prematura y ordenar deportaciones”, lamentó.
A esta situación se suma la reciente disposición del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que impone un cobro anual de $100 a todo extranjero con una solicitud de asilo pendiente entre el 1 de octubre del 2024 y el 30 de septiembre del 2025.
El plazo para realizar el pago venció este 31 de octubre, y muchos solicitantes aún desconocían la medida. “Lo más importante para los inmigrantes es mantenerse informados y tomar decisiones con conocimiento”, insistió Gálvez.
El USCIS aclaró que el cobro no es reembolsable, incluso si la solicitud es desestimada o permanece sin respuesta por un tiempo prolongado.
Para inmigrantes como Ismael H., que llegó hace tres años desde Sudamérica con su esposa y dos hijos, el panorama es desalentador. “Siento temor de presentarme con mi familia frente al juez y que me niegue el caso y me arresten en la corte”, confesó.
La situación se ha agravado con nuevas medidas impulsadas por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien ha reinstaurado políticas del primer gobierno de Donald Trump que limitan el acceso al asilo para víctimas de violencia doméstica, de pandillas o persecuciones no estatales.
Bondi utilizó su autoridad para revertir criterios adoptados durante la administración de Joe Biden, que habían ampliado la protección a grupos vulnerables.
Con estos cambios, familias que huyen de la violencia o la persecución enfrentan hoy más obstáculos legales que en cualquier otro momento de la última década.
“Estamos retrocediendo a un sistema en el que el asilo deja de ser una herramienta humanitaria para convertirse en un privilegio casi inalcanzable”, advirtió Gálvez.